El FBI radicó los cargos contra los alcaldes de los municipios de Aguas Buenas, Javier García-Pérez; y de Humacao, Reinaldo Vargas-Rodríguez, a quienes se les imputa conspiración y extorsión, entre otros presuntos delitos.
Washington, D.C. — Un gran jurado federal en San Juan, Puerto Rico emitió el jueves una pliego de cargos contra Javier García-Pérez, alcalde de Aguas Buenas, de conspiración, solicitud de sobornos y extorsión. En una acusación separada, Reinaldo Vargas-Rodríguez, alcalde de Humacao, también fue acusado de conspiración, solicitud de sobornos y extorsión.
Según documentos judiciales, Javier García-Pérez, de 46 años, de Aguas Buenas, estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la que, desde 2017 hasta 2021, recibió y aceptó pagos en efectivo de dos empresarios a cambio de otorgarles contratos municipales de servicios de disposición de residuos, servicios de asfaltado, pavimentación y desescombro y pago de las facturas pendientes de los contratos.
La acusación formal alega que García-Pérez recibió al menos $32,000 en pagos en efectivo desde agosto de 2020 hasta septiembre de 2021 de los dos empresarios.
Una segunda acusación presentada ayer alega que Reinaldo Vargas-Rodríguez, de 48 años, de Humacao, estuvo involucrado en una conspiración de soborno en la que, de enero a julio de 2021, recibió y aceptó pagos en efectivo de dos empresarios a cambio de otorgar contratos municipales para la eliminación de desechos. y servicios de asfaltado y pavimentación, y para el pago de las facturas pendientes de los contratos.
La acusación formal alega que Vargas-Rodríguez recibió al menos $15,000 en pagos en efectivo desde el 18 de marzo de 2021 hasta el 15 de abril de 2021 de los dos empresarios.
Si son declarados culpables de todos los cargos, García-Pérez y Vargas-Rodríguez enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE.UU. y otros factores legales.
El Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico y el Director Asistente Luis M. Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI hicieron el anuncio.
La investigación fue realizada por la Oficina de Campo de San Juan del FBI.
Están a cargo de la acusación en los casos el Abogado Litigante Nicholas W. Cannon de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Scott H. Anderson para el Distrito de Puerto Rico.
Los casos son parte de los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia para combatir la corrupción pública por parte de los funcionarios municipales en Puerto Rico. Además de los asuntos anteriores, la Sección de Integridad Pública y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico han obtenido recientemente condenas contra otros ex funcionarios públicos y contratistas en el Distrito de Puerto Rico por solicitar y aceptar sobornos relacionados con contratos municipales.
Además, el departamento obtuvo recientemente procesos acusando de soborno a varios exfuncionarios y contratistas relacionado con contratos municipales, y esos casos aún están pendientes.
