«Uso inapropiado» de la aplicación de la Ley del Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer para bloquear información de interés público.
Miami, EE.UU. — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de censura previa una prohibición judicial contra elPeriódico, de Guatemala, por considerar que esta «atenta contra los principios constitucionales del país».
La SIP calificó de «uso inapropiado» la aplicación de la Ley del Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer para bloquear información de interés público.
El presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora; el jefe de Redacción del mismo medio, Gerson Ortiz, y el reportero Cristian Vélix recibieron el 11 de mayo una orden de restricción, firmada por Anaelsee Ramírez Pérez, jueza contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, por la que se les prohíbe publicar información sobre la hija de Dina Ochoa, la presidenta de la Corte Constitucional.
Dina Bosch Ochoa, hija de la magistrada, denunció por violencia contra la mujer a los tres periodistas de elPeriódico por una nota periodística publicada el 22 de abril. La publicación fue en referencia a la renovación del contrato y el salario de Bosch Ochoa como asesora del Tribunal Supremo Electoral.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que «la orden de la jueza en contra del diario no es otra cosa que censura previa». Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, afirmó «que una ley de este tipo siempre será beneficiosa para neutralizar la discriminación, prevenir femicidios e incentivar la igualdad de género». Sin embargo, advirtió que la justicia «debe examinar cómo su uso inapropiado puede ser un instrumento para amordazar a la prensa».
Según Zamora, elPeriódico recibió 17 querellas que se basan en la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, añadió: «la utilización de demandas arbitrarias a partir de esta ley, sin el necesario fundamento, representa un abuso y sirve para acosar judicialmente a los medios». Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, expresó que la decisión judicial contraviene preceptos de libertad de prensa expresados en la jurisprudencia interamericana, «entre ellos los que determinan que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a las críticas y a las informaciones incómodas que los involucran».
La querella contra los periodistas fue rechazada inicialmente. El Ministerio Público apeló y la jueza determinó la medida de prohibir publicaciones que involucren a la presidenta de la Corte Constitucional.
Guatemala ocupa la posición 17 entre 22 países en el Índice Chapultepec de la SIP, barómetro que mide las libertades de expresión y de prensa.
«La violencia ejercida en contra de los trabajadores de la prensa puede ser directa mediante desacreditación, amenazas y coacción, prohibición para acceder a las fuentes o a la información –aun cuando es pública–; o por medio de la criminalización utilizando el aparato de justicia», concluyó el Índice.
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