En audiencia ante la CIDH, defensores de derechos humanos de México mostraron preocupación por reformas que dan mayor control de la seguridad pública a las fuerzas armadas. Los recuentos de abusos de poder e incremento de violencia evidencian desaciertos, denunciaron.
Washington DC — El incremento de la violencia en México desde que se involucró de “manera temporal” a los militares en tareas de seguridad pública para la llamada “guerra contra las drogas”, es vista después de 16 años por observadores de los derechos humanos como “un fracaso y riesgo para la democracia” del país azteca.
En audiencia celebrada el martes en el marco del 185 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un grupo de 26 organizaciones de la sociedad civil expresaron sus preocupaciones ante lo que ocurre en el país con la entrega de funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas de México, que operan bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).
Frida Ibarra, de la organización México Unido Contra la Delincuencia resumió la situación actual con la ampliación de poderes a la institución castrense, que en adelante tiene facultades de operar presupuestos de seguridad pública y agenciarse tareas que estarían reservadas por mandato constitucional al orden civil.
“No estamos sólo en el proceso de militarización de la seguridad pública sino en ampliación de tareas propias de una institución civil, adjudicadas a las fuerzas armadas”, dijo la peticionaria que presentó el andamiaje sobre el que se ha cimentado la reforma impulsada por el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador.
Desde 2006 al contar ya 16 años de tareas de seguridad ciudadana “las fuerzas armadas han centralizado recursos públicos”, apunto la experta en la audiencia ‘Militarización de la seguridad pública en México’.
A principios de septiembre la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma enviada por el presidente mexicano para que la dirección de la Guardia Nacional, creada como institución civil, pase al mando del SEDENA.
Para María Luisa Aguilar, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto la Fuerza Armada como la Guardia Nacional han acumulado miles de quejas de violaciones a los derechos humanos. “La resistencia a rendir cuentas y la impunidad por parte de las fuerzas armadas invitan a reflexionar sobre los riesgos”, ahondó.
El Estado reta a los peticionarios
Para responder a un tema tan complejo como el entramado de seguridad del país y los múltiples frentes señalados por los peticionarios en la audiencia, el Estado mexicano optó por enviar en solitario a la audiencia a la embajadora, Luz Elena Baños, represente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) organismo al que pertenece la CIDH.
La embajadora Baños leyó un documento que -dijo- provenía de la Casa Presidencial y por orden del presidente López Obrador, donde presentó cifras de las acciones de los militares en tareas de seguridad pública y en combate a las actividades ilícitas por el narcotráfico.
