- La Fiscalía federal en San Juan encartó a 24 personas acusadas de conspiración para poseer con intención de distribuir y distribución de cocaína.
- A 21 de los acusados se les imputa conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos y conspiración para importar cocaína de los países de Colombia, Venezuela y las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos a Puerto Rico.
San Juan, Puerto Rico — Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de siete cargos a 20 hombres y cuatro mujeres imputados de traficar cocaína en el Distrito de Puerto Rico, a partir de 2017.
Un comunicado precisa que en el operativo participó la Administración para el Control de Drogas (DEA) supervisa la investigación, con la colaboración de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Negociado Federal de Investigaciones, (FBI).
Además, el Servicio de Rentas Internas (IRS), Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), el Negociado de la Policía de Puerto Rico (PRPB), Ponce Policía Municipal y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos también colaboró durante las detenciones.
Según el pliego acusatorio, desde 2017 hasta la fecha de la devolución de la acusación, 24 personas conspiraron para poseer con la intención de distribuir cocaína. Los acusados fueron identificados como:
Arthur W. Rodríguez-Sánchez, alias “Drizmali/Chino/Quemao/Templo/Chal/Chal F”; Emmanuel Rodríguez-Rodríguez, alias “Jíbaro”; Smill E. Gómez- De La Cruz, alias “Pampara/Pompera/Pampera/Carlos/Carlitos”; Rubén E. Vidal-Flores; Juan C. Cuevas-Feliz; Yan C. García-Pola.
Víctor X. Zorrilla-Mejías; Wilfredo R. Vázquez-López, alias “W/Www”; José A. Aquino-Perales; Alexis Abreu-Cordero, alias “El Viejo/Alexis/Alexis Ozuna-Cordero”; Peter J. Reyes-Suárez; Ángel L. Hernández-Díaz, alias “Coly/Coli/Coli El Fuerte”; Ángel L. Santiago-Rivera; Jorge Rodríguez Flores.
También Héctor Zayas-Schulze: José Velázquez Madera: Kenneth A. Cruz-Fontánez; Michael Agrinsoni-Mejías; José M. Hidalgo-Duarte; Jesús H. Vega-Rivera, alias “Gipeta/Jipeta/Millonario 27”; Verónica Questell-Rodríguez; Deyanira Velázquez-Álvarez; Kailyn N. Rivera-Torres y Zuleyka Torres Mejías.
Además, 21 de los acusados se les imputa conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos y conspiración para importar cocaína de los países de Colombia, Venezuela y las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Islas, a Puerto Rico.
Los acusados hicieron múltiples viajes entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes Británicas y Estadounidenses para transportar narcóticos. Durante sus aventuras de contrabando, los acusados utilizaron dos o tres embarcaciones para distraer a los agentes del orden. Además, reclutaron mujeres de confianza que podrían hacerse pasar por señuelos en los barcos para las fuerzas del orden del distrito. También reclutaron al acusado José A. Aquino-Perales, un oficial de policía de NPPR FURA que actuaba como vigía en Puerto Rico de la organización narcotraficante.
“Los arrestos de hoy desmantelan una organización que coordinaba no solo el contrabando internacional de drogas, sino también el movimiento de las ganancias de las drogas, lo cual es esencial para el éxito de estas actividades ilegales”, dijo el Fiscal federal Muldrow.
Subrayó que “Seguiremos maximizando nuestros esfuerzos multiagenciales y combinaremos recursos para investigar y enjuiciar a quienes introducen drogas de contrabando en Puerto Rico”.
Además de los cargos de narcotráfico, cuatro acusados están acusados de conspiración para lavar instrumentos monetarios, que involucró el producto del tráfico de sustancias controladas.
Los demandados se enfrentan a una acusación de decomiso de los siguientes bienes:
Un lote de terreno ubicado en Bo. Calabazas, en Yabucoa, Puerto Rico; una casa de dos niveles ubicada en la Urbanización Vista de Lago Campo, en Trujillo Alto, Puerto Rico; Propiedad ubicada en Urbanización Villa Del Rey, Sección IV, Lote 12, 4-G, ubicada en Caguas, Puerto Rico; Propiedad ubicada en Sector Coco Barrio Jueyes, en Salinas, Puerto Rico, además de seis embarcaciones.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia mínima de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE.UU. y otros factores legales.
el Fiscal Federal Auxiliar (AUSA) y Jefe de la Sección de Delincuencia Organizada Transnacional Max J. Pérez-Bouret; Subjefa de Sección de Delincuencia Organizada Transnacional, AUSA María L. Montañez-Concepción; y AUSA Jorge L. Matos están a cargo de la acusación del caso.
Este enjuiciamiento es parte de una investigación de las Fuerzas Especiales de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante el uso de un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia que aprovecha las fortalezas de los organismos federales, organismos estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley contra las redes criminales.
