Luis Almagro indicó que la convocatoria es con la finalidad de restablecer las condiciones de seguridad y el fortalecimiento institucional “que permitan mejores condiciones de vida de los haitianos”. (Foto: Fuente externa).

Resolución del Consejo Permanente “rechaza y desconoce” nuevo poder electoral designado “ilegalmente.”

Washington, D.C.—El Consejo Permanente de la OEA aprobó el viernes una resolución de condena a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, donde designa nuevos integrantes de la junta directiva del Consejo Nacional Electoral, CNE, todos afines al régimen.

Con 21 votos a favor, 7 abstenciones y 6 ausencias, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos,(OEA), aprobó un proyecto de resolución titulado “las Recientes Decisiones Ilegitimas del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), en la República Bolivariana de Venezuela.”

La resolución del organismo hemisférico “rechaza y desconoce” que el TSJ haya designado “ilegalmente” al nuevo poder electoral, así como la que definen de “ilegal designación” de las directivas de los partidos políticos Acción Democrática y Primero Justicia.

La sesión virtual del Consejo Permanente se registró a solicitud de la Misión Permanente de Venezuela, junto a las delegaciones de Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia y Estados Unidos.

Luis Almagro, secretario general de la OEA aseguró que el parlamento venezolano, al que calificó como “último poder democrático en pie”, es el objetivo del Gobierno en disputa.

“Por eso tratan de amañar una elección, con un CNE ilegitimo e inconstitucionalmente nombrado, es un paso hacia eso” sostuvo Almagro durante su intervención.

Al tomar la palabra, Alejandro Ordónez, embajador de Colombia ante la OEA, afirmó que unas elecciones celebradas con las autoridades electorales designadas “de la forma en que se acaba de hacer y con unos partidos políticos intervenidos e interferidos hacen imposible que el proceso electoral tenga legitimidad alguna.”

Por su parte, José Boza, embajador de Perú ante la OEA, destacó que “la gravedad de la situación actual desatada por la pandemia sólo remarca la urgencia de restaurar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.”

El texto, además, exige al Gobierno en disputa “que respete las prerrogativas” de la Asamblea Nacional (AN), liderada por el presidente interino Juan Guaidó; que “cese la usurpación de sus funciones” y que se “abstenga” de interferir en el funcionamiento de los partidos políticos independientes.

“Este tipo de acciones constituyen un obstáculo para la restauración de la democracia en Venezuela y el Estado de Derecho que sólo se puede conseguir a través de la celebración de elecciones justas, libres y transparentes con un Consejo Nacional Electoral (CNE) transparente, un TSJ imparcial y con observación internacional independiente” reza el documento aprobado.

La resolución también urge al Gobierno en disputa a “liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluidos los diputados de la AN y cesar de inmediato toda detención y persecución y encarcelamiento arbitrario.”

Además, hace un llamado a todos los actores políticos de Venezuela para que inicien un proceso decidido de transición pacífica y democrática.