A casi 300 políticos a diferentes niveles del gobierno de Guatemala les ha sido restringido el acceso a Estados Unidos, después de las acciones de la Fiscalía que amenazan los resultados de las elecciones generales que dieron la presidencia a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla de centro-izquierda.
Washington, EEUU – El gobierno de los Estados Unidos está tomando medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos por «socavar la democracia y el Estado de derecho», dijo el lunes el Departamento de Estado.
«Estados Unidos continuará adoptando medidas para imponer tales restricciones a cualquier persona que socave la democracia de Guatemala», informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en un comunicado.
Fiscales guatemaltecos han cuestionado la victoria electoral del presidente electo del país centroamericano, Bernardo Arévalo, cuya investidura está prevista para enero, informa la Voz de América.
Arévalo rechazó el viernes enérgicamente una maniobra legal de los fiscales locales para invalidar su victoria electoral y calificó el esfuerzo de «perverso» y de «golpe de Estado».
La acción del Gobierno estadounidense también va dirigida a representantes del sector privado y sus familiares, dijo Miller, el portavoz de Estado.
Washington condena enérgicamente las medidas del Ministerio Público de Guatemala y otros, incluido un anuncio contra trabajadores electorales y representantes de partidos, su petición de anular los resultados de los comicios y su solicitud de retirar la inmunidad a Arévalo, añadió Miller.
«Estas medidas temerarias se suman a una lista extensa de otras acciones antidemocráticas», afirmó. «El pueblo guatemalteco se ha expresado. Sus voces deben ser respetadas».
Desde que Arévalo logró resultados mucho mejores de lo esperado en las elecciones de primera vuelta de junio, con lo que pasó la decisiva segunda vuelta de agosto, él y su partido de centro-izquierda Movimiento Semilla se han enfrentado a investigaciones de la Fiscalía General, que ha alegado irregularidades en el registro del partido.