La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió en junio de 2021 una resolución en la que requirió al Estado nicaragüense la liberación “inmediata” de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como para el expresidente del sector privado, José Adán Aguerri.
San José, Costa Rica — La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el martes un comunicado en el que declara “en desacato permanente” al Estado de Nicaragua con respecto a las medidas provisionales dictadas por este organismo a favor de 45 presos políticos detenidos en al menos 8 centros de detención de la nación centroamericana.
La Corte emitió en junio de 2021 una resolución en la que requirió al Estado nicaragüense la liberación “inmediata” de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como para el expresidente del sector privado, José Adán Aguerri, informa la Voz de América.
El organismo también emitió otras resoluciones en septiembre y noviembre de 2021, así como en mayo y octubre de 2022 sobre los presos políticos que tampoco fueron atendidas por gobierno nicaragüense liderado por Daniel Ortega. La Corte dijo que esto constituye “un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal”.
“Contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal, lo que pone en una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo en que se encuentran los beneficiarios”, indicó la Corte.
¿Qué dice el gobierno de Ortega?
De acuerdo con la Corte Interamericana, el Estado de Nicaragua ha enviado 19 comunicaciones relacionadas al exaspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro y otros opositores con medidas cautelares en las que ha manifestado el rechazo a estas “por considerar que las mismas siguen el guion impuesto por Estados Unidos e “incluyen una narrativa parcializada”.
Según la Corte, el Estado además ha sostenido, que las medidas son “amenazas conferidas al manifestar que el no cumplimiento de las medidas coercitivas y unilaterales que emite traería consigo posibles responsabilidades internacionales» las cuales «no los amedrentan».
