El 1 de febrero, Vizcarra señaló que el cuarto gabinete de Pedro Castillo iba a definir el rumbo de su gestión. Es decir, si contribuía a su viabilidad o, simplemente, acentuaba aún más su ingobernabilidad. (Foto: Fuente externa).

El presidente del Parlamento, Manuel Merino, asume este martes la presidencia de la República hasta mayo del próximo año, en lo que algunos califican como «golpe de estado».

Lima, Perú–El Congreso de Perú votó para destituir al presidente Martín Vizcarra el lunes en un juicio político por acusaciones de corrupción, el segundo esfuerzo de este tipo en cuestión de meses.

El Congreso, dominado por la oposición, alcanzó el umbral de 87 votos de los 130 necesarios para expulsar al líder centrista, acusado de aceptar sobornos durante su etapa como gobernador por parte de empresas que ganaron contratos de obras públicas, informa la Voz de América.

Poco después de que se aprobara la vacancia, Vizcarra, acompañado de su gabinete se pronunció sobre la decisión. Dijo que no apelará la decisión legislativa y que abandonaría de inmediato el Palacio de Gobierno. «No voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido tan solo una voluntad de ejercer el poder», señaló.

El titular del Parlamento, Manuel Merino, estará a cargo de la Presidencia de la República interinamente, hasta julio de 2021. La moción fue respaldada por la mayoría de los integrantes de los partidos de oposición Acción Popular, APP, Frepap, Fuerza Popular, UPP, y Podemos Perú.

La destitución del mandatario peruano amenaza con envolver al país en una atmósfera de agitación política mientras busca recuperarse de la recesión económica provocada por la pandemia del coronavirus.

La petición fue aprobada un mes y medio después de una acción similar en la que el mandatario salió bien librado porque la petición entonces no alcanzó los votos requeridos para destituirlo.

El pedido de destitución por parte de sus opositores políticos tiene su base en investigaciones hechas por la fiscalía, las cuales apuntan que Vizcarra presuntamente habría recibido sobornos entre 2011 y 2014, cuando era gobernador regional.

Algunos investigados, gerentes de constructoras locales, lo acusan de recibir unos 636.000 dólares por adjudicar la construcción de un proyecto de irrigación y de un hospital en la región Moquegua.

La oposición tiene que probar aún que dichas acusaciones son ciertas. Sin embargo, según la ley peruana, el presidente no puede ser juzgado durante su mandato.

El presidente, ha negado las acusaciones en repetidas ocasiones. “No hay una prueba de las imputaciones, y otra vez intentan desestabilizar, no al gobierno, un proceso de vacancia desestabiliza al país”, fueron las palabras de Vizcarra, citadas por la agencia de noticias Associated Press, las cuales fueron dadas, según la agencia en un acto público el lunes.