Alrededor de 3,5 millones de personas en Estados Unidos dijeron que enfrentan un desalojo en los próximos dos meses, según cifras de principios de agosto de la Oficina del Censo. (Foto: Cortesía de la Voz de América).
  • El fallo de los magistrados señala que los CDC no tienen base legal para extender la moratoria y ésta debe ser autorizada por el Congreso.
  • Los magistrados conservadores del tribunal rechazaron los argumentos del gobierno a favor de extender la moratoria como secuela de la pandemia del Covid-19.

Washington, D.C.–La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin el jueves a la protección federal al desalojo de personas atrasadas en sus pagos de vivienda, establecida durante la pandemia del COVID-19. El fallo señala que los CDC no tienen base legal para extender la moratoria y ésta debe ser autorizada por el Congreso.

La decisión anuló de facto una moratoria temporal a los desalojos emitida por el presidente Joe Biden después de que la medida expiró el pasado 31 de julio.

La Corte Suprema respondió a una demanda presentada por una coalición de arrendadores y grupos de bienes raíces, que disputaron la moratoria reactivada el 3 de agosto por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) no tenía una base legal.

Los magistrados conservadores del tribunal rechazaron los argumentos del gobierno y decidieron que los CDC carecían de autoridad para extender la medida sin un permiso del Congreso.

«Para que una moratoria federal continúe, el Congreso tiene que autorizarla específicamente”, dijo la Corte en su fallo sin firma. Los tres magistrados liberales del tribunal no estuvieron de acuerdo.

«El interés público se inclina marcadamente a favor de respetar el criterio de los CDC en este momento, cuando más del 90 por ciento de los países están experimentando altas tasas de transmisión” (del COVID-19), dijo el magistrado Stephen Breyer en la disensión.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, expresó su decepción por el fallo y dijo que Biden reiteraba “su llamado a todas las entidades que puedan impedir los desalojos”.

Alrededor de 3,5 millones de personas en Estados Unidos dijeron que enfrentan un desalojo en los próximos dos meses, según cifras de principios de agosto de la Oficina del Censo.