La fiscalía señala que hay «fundamento razonable para creer» que autoridades civiles y miembros de las fuerzas armadas «han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física».
Caracas, Venezuela–La Corte Penal Internacional (CPI) anticipa concluir su examen preliminar sobre la situación en Venezuela durante la primera parte de 2021, a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, publicó este lunes su reporte anual sobre actividades de examen preliminar, que incluye el llamado Venezuela I, iniciado en 2018 y se enfoca en los presuntos delitos cometidos en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos desde al menos 2017.
En su reporte sobre el examen, ratifica que luego de una “evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela”.
La Corte Penal Internacional (CPI) anticipa concluir su examen preliminar sobre la situación en Venezuela durante la primera parte de 2021, a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación, informa la Voz de América.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, publicó este lunes su reporte anual sobre actividades de examen preliminar, que incluye el llamado Venezuela I, iniciado en 2018 y se enfoca en los presuntos delitos cometidos en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos desde al menos 2017.
En su reporte sobre el examen, ratifica que luego de una “evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela”.
La fiscalía señala que, con la información que tiene, “brinda un fundamento razonable para creer” que los presuntamente responsables por la comisión material de estos crímenes incluirían a miembros de ocho fuerzas de seguridad, entre ellas el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).
Como parte del examen, la fiscalía solicitó a las autoridades venezolanas información sobre “la naturaleza, los alcances y el avance de los procesos nacionales que correspondan con las constataciones materiales de la Fiscalía”.
El gobierno en disputa ya entregó una respuesta inicial al pedido de la CPI y se comprometió a dar el resto de la información solicitada por la fiscalía para enero de 2021.
