Hace pocos días, los 9 magistrados del Supremo decidieron, de manera unánime, que los extranjeros que entraron ilegalmente en el país no tienen derecho a que se les otorgue un permiso de residencia, incluso si hay circunstancias atenuantes como la necesidad de protegerse de situaciones peligrosas.
Washington, Diana Negre*
Una muestra más de los cambios en la función de los medios informativos la dio esta semana la escasa difusión de la noticia relativa a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos: casi 15 millones de personas se ven afectadas directamente -y muchos más indirectamente- por una nueva sentencia del Tribunal Supremo, pero la decisión apenas fue recogida en los noticieros de radios, televisiones o diarios.
Hace pocos días, los 9 magistrados del Supremo decidieron, de manera unánime, que los extranjeros que entraron ilegalmente en el país no tienen derecho a que se les otorgue un permiso de residencia, incluso si hay circunstancias atenuantes como la necesidad de protegerse de situaciones peligrosas.
Era una sentencia dirigida a un grupo relativamente pequeño de inmigrantes con “estado protegido”, debido a riesgos políticos o personales, pero se puede aplicar a los 15 millones de personas que entraron ilegalmente en el país, independientemente de la fecha de su llegada.
Muchos de ellos han confiado en regularizar su situación por la vía familiar, pues quienes tienen hijos nacidos en Estados Unidos tienen derecho a hacerse “llamar” por ellos y convertirse así en inmigrantes aceptados por las leyes.
Esta ha sido una fórmula buscada por los millones de extranjeros que cruzaron las fronteras sin la documentación necesaria pero tienen hijos nacidos en el país: quienes nacen en territorio norteamericano son automáticamente ciudadanos con muy pocas excepciones y, una vez alcanzan la mayoría de edad a los 21 años, pueden pedir la reunificación familiar. Y sus padres han esperado pacientemente a regularizar por esta vía su situación.
Hace ya años que diversas normas han ido acortando esta posibilidad, pero la reciente sentencia del Supremo puede eliminarla totalmente.
Esto no significa un éxodo inmediato de los 15 millones de indocumentados -algo que tendría un efecto negativo para muchas industrias y explotaciones agrícolas del país, además de los familiares que están aquí legalmente, pero sí es un apremio para los legisladores, especialmente del Partido Demócrata, que son los “protectores oficiales” de este tipo de inmigrantes.
Es hora, les dicen los votantes próximos a los residentes indocumentados, de cambiar las leyes pues las sentencias del Supremo no establecen si una situación es “buena” o “mala”, sino que determina si se ajusta o no a las leyes del país. De esta forma, los 9 magistrados del máximo tribunal del país, han indicado claramente que se trata de una decisión política que debe resolverse en los escaños del Congreso.
Es una situación incómoda para los demócrata porque, desde hace décadas, los legisladores de este partido no han actuado en defensa de estos inmigrantes, a pesar de prometer defenderlos y a pesar también de las ventajas electorales que derivan de la inmigración, tradicionalmente favorable a su partido: al cabo de pocos años, los recién llegados adoptan la ciudadanía norteamericana y tienen derecho a votar, cosa que mayormente hacen en favor del Partido Demócrata.
Pero en las ocasiones en que Estados Unidos ha tenido un gobierno monocolor demócrata, como ocurrió por ejemplo en los primeros dos años de la presidencia de Barak Obama, no aprovecharon su control de las dos cámaras del Congreso y de la Casa Blanca para aprobar leyes favorables a los indocumentados. Y tampoco hay indicios de que vayan a hacerlo ahora, cuando nuevamente tienen el mismo control. Incluso a pesar de que muchos estados norteamericanos se han declarado “santuarios” para la protección de estos inmigrantes.
Ahora todavía les sería más difícil que en la época del presidente Obama: las mayorías parlamentarias demócratas son mínimas en la Cámara de Representantes, donde se han encogido de 37 a tan solo 6, mientras que en el Senado ambos partidos tienen el mismo número de escaños. Al mismo tiempo, el flujo de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos ha crecido de manera espectacular, lo que provoca un movimiento contrario a la inmigración en buena parte del país.
Con las elecciones legislativas a poco más de un año, hay poco apetito en el Partido Demócrata por enemistarse con los votantes independientes y de las zonas fronterizas como Texas, Arizona o Nuevo México, más afectadas por la llegada de indocumentados: son estados donde podrían recoger votos que les van a ser necesarios para mantener su mayoría el año próximo.
*Diana Negre, periodista, escritora, editora, veterana excorresponsal en la Casa Blanca de múltiples medios en Europa y América Latina.
