La lucha política ha sido más ruidosa esta vez porque Washington se divide entre los dos grandes partidos: los Demócratas controlan la Casa Blanca y el Senado, mientras que los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes, aunque tan solo sea por unos pocos escaños
Washington, Diana Negre*
Las últimas dos semanas han dado al mundo un espectáculo de la política norteamericana que ha convulsionado las bolsas y dado la impresión de que las finanzas de la primera potencia económica estaban al borde de la quiebra, con el consiguiente riesgo para sus aliados y el sistema financiero internacional.
Este espectáculo ha sido la lucha por aumentar el gasto público permitido para que el gigantesco presupuesto de Estados Unidos pueda pagar las facturas – y con ello siga acumulando deuda, algo que hace al ritmo de un billón de dólares anuales.
Dentro y fuera del país hemos oído voces de alarma, que en realidad no eran más que los ecos de la lucha política de Washington: más aún, el espectáculo que acabó este jueves de madrugada con un voto en el Senado, se ha repetido nada menos que 11 veces en los últimos 23 años, algo difícil de imaginar para quienes no siguen de cerca la política de EEUU.
Los legisladores decidieron -también esta vez -y como estaba prácticamente garantizado- que el gobierno norteamericano pagaría su deuda pública. El espectro de la quiebra dentro y fuera del país se alejó como el lobo feroz.
Y la economía también siguió su patrón habitual: después de las fuerte oscilaciones bursátiles, los mercados de inversión reaccionaron como si el acuerdo hubiera sido el milagro de Lourdes: el índice de la bolsa Dow Jones subió más de 600 puntos con el 1.9%, el gran índice S&P que engloba el mayor número de valores lo hizo en un 1.33%…lo que no significa que el signo cambie en cuanto la menor brisa sople en sentido contrario.
Eso mismo ocurrió hace 3 años en la cúspide de la pandemia: en tan solo ocho días, el Dow Jones osciló en torno al 12%, primero a la baja y luego en alza, con lo que las reacciones de ahora son relativamente moderadas.
La lucha política ha sido más ruidosa esta vez porque Washington se divide entre los dos grandes partidos: los Demócratas controlan la Casa Blanca y el Senado, mientras que los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes, aunque tan solo sea por unos pocos escaños.
Los telespectadore y lectores que tienen cosas más importantes que hacer, como ganarse la vida trabajando u ocuparse del bienestar de su familia, tienden a olvidar que este espectáculo se repite regularmente y además con frecuencia y tiene menos que ver con la capacidad de Washington de pagar sus deudas, que con el combate entre ambos partidos e incluso entre los estamentos del país.
Porque no se trata tan solo de los intereses de las dos grandes y únicas formaciones políticas representadas en la rama legislativa y la ejecutiva, sino de una intensa lucha que se extiende también a lo que en otros lugares se podría llamar el “cuarto poder”, aunque en Estados Unidos este cuarto puesto lo ocupan ya desde hacer tiempo los medios informativos, que echan su peso durante las campañas electorales y tienen influencia en sus resultados.
Así que, si añadimos un número a los cuatro poderes que en realidad existen en la gran potencia transatlántica -ejecutivo, legislativo, judicial e informativo- nos encontraríamos con un quinto poder que va molestando cada vez más a ciertos sectores y en ambos partidos.
Se trata del “estado administrativo”, que en vez de servir los intereses de los poderes reconocidos que lo han creado, ha ido adquiriendo una naturaleza y un peso tales que actúa principalmente en beneficio propio, aunque vaya en contra de los deseos de aquellos a que debería servir.
En el caso de la deuda pública, los funcionarios son quienes manejan las cifras y presentan las necesidades que creen convenientes para el país….y para su propia supervivencia. Es una clase no elegida, con puestos de trabajo garantizados y que se consideran -y se venden así a sus compatriotas- como un conjunto de expertos políticamente neutros cuya única misión es velar por los intereses de todos.
Si miramos la campaña electoral para los comicios del próximo año, vemos que los dos principales candidatos republicanos, el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida Ron DeSantis, fulminan contra el poder de funcionarios a quienes nadie puede controlar y aseguran que les cortarán las alas.
Pero la actitud no es exclusivamente republicana, pues también el candidato demócrata Robert Kennedy promete “sacudir mortalmente a la CIA”, igual que sus rivales republicanos.
han manifestado abiertamente su descontento con el FBI y en general con el funcionariado.
Entretanto, el FBI se prepara para mudarse de sus oficinas en el centro de Washington a un lugar indeterminado todavía, donde ha de construir el mayor edificio del mundo -un récord que de momento ostenta el Pentágono al que doblará en superficie- y no parece preocuparle la antipatía que genera entre las mismas personas que han de aprobar el presupuesto para esta obra faraónica.
Y es que para debilitar esta gigantesca burocracia es necesario tener un buen conocimiento de los resortes que la mueven, algo que escapa fácilmente a los políticos: se han de ocupar de los electores que les han de votar, igual que los ciudadanos de a pie se dedican a ganarse la vida. Los que sí saben son estos mismos funcionarios que difícilmente trabajarán para autodestruirse.
Se trata del “estado administrativo”, que en vez de servir los intereses de los poderes reconocidos que lo han creado, ha ido adquiriendo una naturaleza y un peso tales que actúa principalmente en beneficio propio, aunque vaya en contra de los deseos de aquellos a que debería servir.
*Diana Negre, periodista, escritora, editora, veterana excorresponsal en la Casa Blanca de múltiples medios en Europa y América Latina.
