También plantea medidas económicas, algunas de las cuales la población se muestra en contra y otros a favor
Quito, Ecuador. -Las autoridades intensificaron controles y revisiones en Ecuador, en medio de las medidas de emergencia que vive el país, tras los recientes acontecimientos en esta nación.
Patrullas militares inspeccionaban este viernes de forma aleatorias a cientos de pasajeros en un concurrido sector del centro de la capital de Ecuador y eje del transporte público, mientras la policía instalaba retenes móviles en las calles.
Todo forma parte de las medidas de emergencia con las que el presidente Daniel Noboa busca contener la escalada de violencia de los últimos días y que no cede, principalmente, en las cárceles.
A sabiendas que las medidas para enfrentar la inseguridad podrían tener un costo a la larga, Noboa ya está barajando un plan urgente para poder financiarlas a través de un incremento de impuestos, lo que generó de inmediato una polémica.
Portando armas largas, los militares y policías ponen especial atención en sus revisiones a los ciudadanos que llevaban mochilas o maletas en las instalaciones del transporte público en pleno centro de Quito, donde la víspera una alerta de bomba provocó la movilización de la policía que, tras un operativo que incluyó el uso de perros adiestrados y un robot, pudo descartar la amenaza.
“Espero que los chequeos se realicen a todas las personas si se va a revisar por razones de seguridad, que sea a todo el mundo y no una específica parte de la población, que ha sido el problema que ha habido últimamente en las revisiones”, dijo el jueves por la noche a AP la ciudadana Daniela Chacón durante un revisión en Quito, reseñada por nuestra aliada de medios, La Voz de América.
La situación de violencia en Ecuador escaló dramáticamente tras la misteriosa desaparición en una cárcel de mediana seguridad de Guayaquil del capo Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe del grupo criminal más peligroso del país, Los Choneros, que mantiene relación con el cartel mexicano de Sinaloa, según las autoridades, y la posterior fuga de otra prisión de Fabricio Colón Pico, un líder criminal regional de otra organización criminal, Los Lobos.
En un video divulgado en las redes la víspera, Colón Pico ofreció entregarse a cambio de que las autoridades garanticen su vida.
Noboa, quien asumió el poder a fines de noviembre, decretó primero un estado de emergencia a inicios de semana y posteriormente declaró que el país entraba en un conflicto armado interno en el cual el objetivo militar era una veintena de organizaciones criminales y ligadas al narcotráfico y otros delitos, a las que calificó como “terroristas”.
Las medidas dieron lugar a una mayor despliegue de los militares y la policía en calles y zonas estratégicas de la capital y otras ciudades donde la violencia golpea con mayor rigor.
La población, temerosa, al parecer ve con buenos ojos las medidas. En las principales ciudades, decenas de ciudadanos han acudido a los sitios protegidos por militares y policías para espontáneamente ofrecerles refrescos, emparedados, galletas y otras vituallas, especialmente en las noches.
Por otra parte, el gobierno de Noboa envió al Legislativo una propuesta de ley económica de emergencia en un esfuerzo por buscar ingresos para sostener financieramente el conflicto, que en su parte medular propone subir del 12 al 15 % el impuesto al valor agregado, lo que generó controversia.
Esa propuesta debe ser analizada y aprobada o negada por los legisladores. Si en 30 días no hay respuesta, automáticamente entrará en vigencia.
La medida no se aplicaría a productos alimenticios básicos, medicinas, servicios públicos, transporte, costos de salud o educación o viviendas de alquiler, entre otros, dijo el gobierno en un comunicado.
Los legisladores -en una rara muestra de unidad- ya aprobaron dos propuestas urgentes del gobierno de Noboa, otro proyecto de ley fiscal destinado a aumentar el empleo juvenil y una ley diseñada para atraer inversiones en el sector eléctrico.
La situación se violencia se elevó a inicios de semana cuando un grupo de encapuchados armados irrumpió en vivo en el canal TC Televisión en Guayaquil. Los ecuatorianos presenciaron cómo amedrentaron con armas largas, cortas y explosivos a periodistas y trabajadores de ese medio. La policía neutralizó a los armados. El hecho dejó un camarógrafo herido de bala en la pierna.
La violencia dista mucho de ser aplacada a pesar de todo el despliegue militar y policial, particularmente en las cárceles.
Durante la madrugada, un cuerpo fue arrojado desde la prisión de la ciudad de Machala, 373 kilómetros al suroeste de Quito, hacia el exterior y las autoridades confirmaron que se trataba de un preso asesinado.
El sistema penitenciario dijo en su reporte más reciente que 170 funcionarios —155 guardias y 15 administrativos— se mantienen retenidos en siete prisiones —dos más que el día anterior— sin precisar la condición de salud de los rehenes.
La espiral de violencia de los últimos días también ha dejado al menos 14 muertos sólo en la ciudad costera de Guayaquil, según los reportes policiales. No se ha proporcionado el número de fallecidos a nivel nacional.
En medio de las medidas de emergencia, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, en una declaración de prensa, expresó que cualquier medida para afrontar la violencia en el país “debe ser proporcional y limitada a lo requerido a la situación de seguridad”.
Agregó que cualquier restricción de derechos debe respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación.
