En un comunicado publicado en redes sociales, esa misión diplomática, sin dar nombres, detalles ni otros elementos, señaló que la decisión fue adoptada tras determinar que las personas afectadas “ya no califican para estas visas” al tiempo de señalar que “tener una visa es un privilegio, no un derecho”. (Foto: Cortesía de la Voz de América).

La embajada de Estados Unidos en Ecuador no divulgó nombres o detalles sobre quiénes fueron los afectados por esta medida.

Quito, Ecuador — La embajada de Estados Unidos anunció el lunes que ha revocado la visa a varios jueces ecuatorianos y otras personas que trabajan en el sector legal y judicial y advirtió que toma seriamente el tema de la lucha contra la corrupción.

En un comunicado publicado en redes sociales, esa misión diplomática, sin dar nombres, detalles ni otros elementos, señaló que la decisión fue adoptada tras determinar que las personas afectadas “ya no califican para estas visas” al tiempo de señalar que “tener una visa es un privilegio, no un derecho”. Dijo que no comentará acerca de la situación.

A mediados de diciembre, esa misma embajada retiró la visa a cuatro generales de policía cuando el embajador de ese país, Michael Fitzpatric, adujo que “estamos muy preocupados por la penetración del narcotráfico en Ecuador y en las fuerzas del orden”.

Las autoridades han reconocido la presencia de carteles del narcotráfico de Colombia y México que buscan exportar crecientes cantidades de drogas hacia EE.UU. y Europa desde Ecuador. El año pasado, los agentes decomisaron 128 toneladas de drogas, especialmente cocaína, mientras que en lo que va de 2021 la cifra ascendió a más de 200 toneladas.

La misión expresó ese lunes que EE. UU. “toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas” además de indicar que “continuaremos usando esta autoridad para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado”.

Añadió que la corrupción “amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos. Impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y destruye la confianza en las instituciones. Cabe resaltar que en cada instancia de corrupción pública también hay un socio privado, igualmente involucrado”.