Las autoridades mexicanas iniciaron el traslado de la mayoría de los migrantes hacia un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ubicado en la aduana de la localidad de Huixtla, cercana a la frontera con Guatemala, no ofrecen visas inmediatas
Mapastepec, México — El gobierno de México disolvió la última caravana de migrantes, que se hallaba desde finales de diciembre en el sureño estado de Chiapas, tras comprometerse a procesar a sus integrantes y otorgarles eventualmente algún tipo de documento que les conceda la estancia legal en el país.
Al informar los términos del acuerdo al que se llegó con los migrantes, Roberto González López, jefe de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, explicó que los casos de los extranjeros serán canalizados al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que presta servicio de asistencia social.
En esta oportunidad no habrá entrega inmediata de visas humanitarias ni Formas Migratorias Múltiples, como ocurrió con otras caravanas, informa nuestra emisora aliada la Voz de América.
Poco después de que se llegó al acuerdo, las autoridades iniciaron el traslado de la mayoría de los migrantes hacia un albergue del DIF ubicado en la aduana de la localidad de Huixtla, cercana a la frontera con Guatemala, en medio de desinformación y confusión.
La caravana, formada por unos 6.000 migrantes, partió en Nochebuena desde la localidad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, y durante cinco días recorrió unos 100 kilómetros en el estado de Chiapas hasta llegar al poblado de Mapastepc, donde se paró ya con la mitad de sus integrantes.
La movilización coincidió con la reunión celebrada a mediados de la semana pasada entre el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la capital mexicana para evaluar la crisis migratoria.
La reunión se produjo tras la llamada telefónica del presidente Joe Biden a su par mexicano el 20 de diciembre para expresarle la preocupación de su gobierno por el creciente flujo de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, donde llegaron a detectarse hasta 12.000 cruces ilegales al día.
Durante el encuentro, las autoridades mexicanas pidieron a Estados Unidos que dé prioridad a la reapertura de algunos cruces fronterizos cerrados ante la avalancha de migrantes.
La petición fue atendida días después por Washington, que se comprometió a reanudar a partir del 4 de enero las operaciones en los cruces de Eagle Pass, Texas; San Ysidro en San Diego, California; Lukeville en Arizona y en el puerto peatonal de Morley en Nogales, Arizona, según informó el martes en la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
