El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos señala que en el país persisten abusos policiales, condiciones deplorables en cárceles, torturas, trato degradante y se violan los derechos humanos por parte de agentes de la Policía Nacional.
Santo Domingo, República Dominicana – El Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció que en la República Dominicana aún persisten los abusos policiales y las condiciones en las que se encuentran los reclusos en las cárceles siguen siendo deplorables.
Las afirmaciones son parte del Informe de la Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana, según el reporte elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los datos son el levantamiento de la situación del año 2021.
“Se recibieron informes creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos. Entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen informes creíbles de: asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. Tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía y otros agentes del gobierno”, detalla el informe.
Asimismo, indica que las condiciones penitenciarias son severas y que ponen en peligro la vida. Además de detenciones arbitraria, violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”.
Casos de abusos policiales
Las autoridades norteamericanas indican que durante el 2021 recibió varios informes sobre asesinatos arbitrarios o ilegales cometidos por agentes del gobierno. Y las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de agentes de la Policía Nacional fueron un problema.
Detalla que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos más de 4.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021.
Además, de que la Procuraduría General de la República había reportado hasta octubre que la policía había asesinado a un total de 41 personas. Pero, desconocía el número exacto de esas ejecuciones extrajudiciales.
Los resultados también resaltan que “los medios de comunicación y la sociedad civil reconocieron que muchos casos de abusos policiales no se denunciaban. Esto por la falta de confianza en el sistema de justicia a la hora de presentar cargos”.
Entre los casos que menciona el informe se encuentran el asesinato de la pareja de pastores en Villa Altagracia y el de Leslie Rosado. Ambos casos a mano de agentes de la uniformada en el año 2021.
Violación de los derechos humanos en cárceles del viejo modelo
El informe de la situación de los derechos humanos en el país, también denuncia que las condiciones penitenciarias por “la sobrepoblación sigue siendo un grave problema”.
“En el sistema penitenciario del viejo modelo, los reclusos que eran policías y militares recibían un trato preferencial. Y eran recluidos en instalaciones separadas. Al igual que los reclusos con medios económicos para alquilar camas preferenciales y comprar lujos.
“Las denuncias de malos tratos y violencia en las prisiones del antiguo modelo eran habituales. Así como los informes de acoso, extorsión y registros inapropiados a los visitantes. Algunas prisiones del viejo modelo permanecían efectivamente fuera del control de las autoridades, ya que los guardias a menudo sólo controlan el perímetro. Mientras que los reclusos controlaban el interior con sus propias reglas y sistemas de justicia”, detalla el informe.
Otras irregularidades en las cárceles es que “se informó sobre el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución y los abusos sexuales en esas prisiones. Las condiciones sanitarias y de salud eran generalmente inadecuadas. Los presos a menudo duermen en el suelo porque no hay camas disponibles. Los funcionarios de prisiones no separaban a los reclusos enfermos, salvo en el caso de los que presentaban síntomas de COVID-19”.
Asimismo, indica que “las atenciones a los enfermos se realizan con tardanza, tanto en el nuevo como en el viejo modelo carcelario. En la mayoría de los casos, los reclusos tenían que comprar sus propios medicamentos o depender de familiares o a personas externas para que se los proporcionaran”.
Reconoce que el gobierno permitió visitas supervisadas a las cárceles de organizaciones que trabajan con derechos humanos. Sin embargo, denuncia que no las concedió a los centros de detención de migrantes.
Revela que en octubre, más de 1.800 reclusos habían contraído COVID-19, lo que provocó 22 muertes.
Ver informe de la Embajada anexo:
https://do.usembassy.gov/es/informe-de-derechos-humanos-de-la-republica-dominicana-2021/
