Los magistrados detallan su desempeño como aporte a la transparencia institucional.
Santo Domingo, República Dominicana–Como muestra de transparencia y en cumplimiento del Reglamento núm. 1-19, aprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el 4 de febrero de 2019, los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) depositaron sus informes de desempeños individuales, evidenciando el apego normativo de los jueces y juezas de este alto tribunal.
En sus informes, los jueces reportaron las labores de su competencia, lo que permite a la ciudadanía verificar el quehacer de los magistrados y magistradas del nivel más alto del Poder Judicial.
Estos documentos reportan la celebración de audiencias, sesiones deliberativas de cada órgano de la Suprema Corte de Justicia, cantidad de sentencias, resoluciones y aportes en atribuciones administrativas.
En el caso del presidente de la SCJ, Luis Henry Molina Peña y de la magistrada Nancy Salcedo, también incluyen los reportes sobre sus funciones a lo interno del Consejo del Poder Judicial; agregándose al presidente su labor como presidente de la Suprema Corte de Justicia, como integrante del Consejo del Poder Judicial, como miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), del Consejo Nacional de Defensa Pública, del Consejo Directivo de Registro Inmobiliario, así como su gestión administrativa de tribunales con los departamentos judiciales.
El Reglamento núm. 1-19 para la evaluación del desempeño de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia dispone en el artículo 2, párrafo IV, que los informes de desempeño individual de los jueces de la Suprema Corte de Justicia deberán ser depositados en la secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura a más tardar el 31 de enero de cada año.
Esta acción aporta al eje de integridad para una justicia confiable del Plan Estratégico Visión Justicia 20/24, el cual se basa en el concepto de transparencia, el cumplimiento del sistema de integridad institucional y la rendición de cuentas con la finalidad de generar condiciones de confianza en el sistema de administración de justicia.