En una extensa entrevista con el diario El Caribe, el juez Fernando Fernández precisó que RD$760 millones se asignaron al Proyecto Gestión de Documentos Judiciales Activos que ejecuta el organismo. (Foto: Fuente externa).

El magistrado Fernando Fernández planteó que resulta incomprensible la denuncia del magistrado Leonardo Recio Tineo, también miembro del CPJ, en el sentido de que desconoce cómo se manejaron esos recursos.

Santo Domingo, República Dominicana–El Consejo del Poder Judicial (CPJ) depositó los RD$760 millones que recibió de la Jurisdicción Inmobiliaria en una cuenta para ejecutar el Proyecto de Gestión y Conversión de Documentos Judiciales Activos y en otra de corretaje, en Inversiones Banreservas, para mantenerlos en una inversión segura y maximizar su rendimiento.

Así lo informó el magistrado Fernando Fernández, miembro del máximo órgano administrativo de la justicia dominicana, tras aseguró que no hay ninguna irregularidad en hacer una transferencia de un capítulo a otro dentro de las cuentas del Poder Judicial.

“Esas actividades son muy propias de cualquier administración. Es un juego de cuentas, de manejo por necesidades y un cruce, donde se deja un rastro de cada movimiento”, indicó Fernández.

Como aval de que se actuó con transparencia y corrección, el representante de los tribunales de Primera Instancia en el órgano presentó el informe que elaboró la Dirección Legal y la Dirección Financiera dando luz verde para el reembolso de los fondos de la Jurisdicción Inmobiliaria al Consejo del Poder Judicial por concepto de asignaciones financieras realizadas desde el año 2008.

Entre las aportaciones figuran los recursos recibidos para cubrir el pago del Plan Nacional de Titulación Masiva, el Plan Base de Datos Históricos y el Plan de Ventanilla Express y Fortalecimiento.

De acuerdo con el magistrado Fernández, se trata de una devolución que había sido aprobada por la gestión del CPJ que presidió el magistrado Mariano Germán, por un monto de RD$147 millones, mediante el acta 11-2017, pero que no llegó a ejecutarse.

En el mes de mayo de 2020, el informe jurídico-financiero que hicieron Enmanuel Moreta Fermín y Patricia Díaz Mets, director legal y directora financiera de la institución, sumó lo que se había acumulado en el tiempo, determinando que el monto pendiente era de RD$760,483,977.81.

Fernández planteó que resulta incomprensible la denuncia del magistrado Leonardo Recio Tineo, también miembro del CPJ, en el sentido de que desconoce cómo se manejaron esos recursos.

Aseguró que Recio Tineo estuvo presente tanto en la reunión que aprobó el acta 11-2017 como en la que analizó y dio el visto bueno en el mes de mayo de 2020 para que el reembolso de los fondos de la Jurisdicción Inmobiliaria se llevara a cabo.

El acta 017-2020, que recoge lo decidido por el Consejo, establece que los fondos serán reembolsados mediante una primera partida de RD$600 millones y los restantes RD$160,493,977.88 millones, en tres cuotas iguales a ser transferidas por tres trimestres consecutivos.

Además, instruye al Director General de Administración y Carrera Judicial, Ángel Brito, a que use los fondos para la provisión en cuenta del Proyecto de Gestión y Conversión de Documentos Judiciales Activos , y dedique el monto restante para abrir una cuenta de corretaje en Inversiones Banreservas.

El director de Carrera Judicial, Ángel Brito, quien también estuvo presente en la entrevista con el periódico elCaribe, insistió en que “son cuentas que están dentro del Poder Judicial y no hay ninguna irregularidad en esa decisión. Y, en segundo lugar, esos fondos se utilizan para proyectos del Poder Judicial, que quedan sujetos a la aprobación del Consejo del Poder Judicial, que es el órgano que tiene la competencia constitucional para administrarlos y decidir a cuáles proyectos los asigna”.

De su lado, el magistrado Fernández , al referirse a la denuncia hecha por el magistrado Tineo, declaró: “Esos fondos evidentemente que se saben dónde están y quienes han denunciado participaron de las decisiones de qué se había hecho con ellos, inclusive antes de la actual composición del Consejo del Poder Judicial”.

Asimismo, aclaró que el presidente del CPJ, Luis Henry Molina, no tiene facultad legal para tomar decisiones sin contar con la mayoría constitutiva. “No hay forma que el magistrado presidente pueda hacer una aprobación por sí solo en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ni en el Pleno del Consejo del Poder Judicial.

Ambos son órganos colegiados y las decisiones se toman por mayoría de votos”, aseguró Fernández.
Insistió en que cualquier solicitud, política, movimiento, incluyendo si se va a transferir fondos entre las mismas cuentas del PJ por alguna razón, tiene que autorizarlo el Consejo del Poder Judicial, luego de que las propuestas son presentadas, explicadas y sometidas a discusión.