La JCE tiene el mandato de ley de convocar a una nueva consulta electoral antes de treinta días.

Por Jesús Rojas

La decisión de la JCE de suspender las elecciones municipales de este domingo 16 de febrero ha generado un ambiente enrarecido tanto en el liderazgo político oficial y de la oposición, como a nivel de los electores que no ocultan su indignación, protestas, impotencia y sensación de engaño que se observa desde todos los ángulos y sectores de la sociedad dominicana, incluida la iglesia Católica y los empresarios.

Hasta el día antes de la consulta electoral, las autoridades confirmaron que los equipos del voto automatizado funcionaron a la perfección, salvo algunos detalles que fueron aceptados por los delegados políticos y la sociedad civil, luego de pruebas y auditorías certificadas por organismos internacionales contratados para esos fines.

A medida que pasaron las horas para la prueba de fuego, en la madrugada del domingo, salieron a relucir fallas insalvables para iniciar las votaciones, por lo que luego de una consulta con todos los actores, incluido el presidente de la República, se acordó la drástica medida sin precedentes que tomó por sorpresa a unos y a otros.

Incluso, la dirigencia del PLD y la del PRM se han proclamado ganadores de la consulta inconclusa, y se acusan de hechos como fraude, boicot, sabotaje y presiones para impedir las elecciones sin aportar la más mínima prueba más allá de las fallas técnicas evidenciadas; e incluso, llegando a la desfachatez de proclamarse vencedores de unas elecciones que no llegaron a buen término.

La decisión, acertada o desacertada dado el grado de efervescencia política de resultados anticipados, ha generado una gama de reacciones, teorías y especulaciones a medida que aumenta la falta de datos precisos que expliquen en qué consistió la falla técnica o quiénes han sido los responsables de lo que algunos han llamado “el juntazo electrónico”, tras el fracaso del 85 por ciento del sistema de voto automatizado.

Si el pleno de la Junta optó por prevenir un desastre político/electoral mayor, en aras de que prevalezca la verdad antes que la mentira, y de paso evitar un estado de ingobernabilidad, merece el elogio, el reconocimiento de la sociedad en general y el respeto a su integridad y credibilidad, pese a la desconfianza pública. Se trata del mismo organismo avalado antes por todos los partidos políticos en mayor o menor medida. Ahora es necesario establecer el diálogo y el consenso para restaurar la confianza y la credibilidad erosionada entre todos los actores de este drama que tiene en vilo al país.

Si por el contrario, la suspicacia popular acierta, y resulta que hubo una trama, intención deliberada y dolosa de entorpecer, torpedear o incidentar el proceso esencial para beneficio de ciertos intereses y en perjuicio para la democracia, –lo que insinúan los bandos del PLD y del PRM hasta el momento de redactar esta nota—sería un ejemplo palpable de que el sistema de partidos políticos en el país adolece de ética y moral, y es contrario a los mejores intereses de la nación.

En medio de tantas interrogantes y con tan pocas respuestas innegables, así como la ausencia de una figura de autoridad moral sólida para frenar los desaciertos de la desinformación, cabe señalar algunas opciones que podrían considerar los protagonistas de esta crisis a fin de superarla apelando al dictado de las leyes y a un mínimo de sentido común, más allá de la violencia y las muertes trágicas.

En primer lugar, el pleno de la JCE tiene el mandato de ley de convocar antes de treinta días a una nueva consulta electoral, con la opción de las papeletas impresas disponibles, y el conteo manual de los votos, verificado y autenticado por los responsables de mesa, a fin de proclamar a los candidatos que hayan obtenido el favor mayoritario del electorado, de cara a una posible abstención significativa, previo un acuerdo o pacto por la democracia.

Y en segundo lugar, la otra opción legal sería una convocatoria del Congreso para modificar la Constitución de 2010 y proponer un proyecto de ley que fusionara las elecciones municipales, congresuales y presidenciales en una única consulta para el próximo 16 de mayo, lo que podría ser interpretado como una jugada del partido en el poder para alzarse con el santo y la limosna, y burlarse una vez más de la voluntad popular.

Por el momento, la credibilidad de la JCE está bajo fuego luego de su primera prueba con las primarias de los partidos, y ahora con el fracaso de las elecciones municipales, por lo que se exige la renuncia de todo el pleno, lo que agravaría la crisis electoral y por efecto de dominó una eventual crisis institucional y constitucional.

La democracia, la imagen y la estabilidad del país atraviesan por una coyuntura delicada que debe ser manejada con inteligencia, consenso y decoro, a fin de superar lo que la misión de observadores de la OEA describió como “dificultades complejas e insalvables”, antes de la apertura de las urnas en una prueba política y electoral sin paralelo en este siglo para el sistema de partidos y la democracia nacional, la cual sólo tiene una salida airosa que es aquella por el bien de todos y de la nación.

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