La Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana, el Colegio de Periodistas del Perú y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunciaron la represión policial en Perú.

Unos 16 fotoperiodistas y reporteros fueron agredidos durante las protestas por la destitución del presidente Martín Vizcarra.

Miami, Florida–La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó enérgicamente las agresiones por parte de la policía contra periodistas y fotógrafos que cubren las protestas ciudadanas en Perú. La organización pidió a las autoridades que investiguen los hechos de violencia, en los que también fueron afectados manifestantes.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana, el Colegio de Periodistas del Perú y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunciaron que agentes de la Policía Nacional del Perú reprimieron al menos a 16 fotoperiodistas y reporteros que trabajan en El Comercio, La República, Wayka, Exitosa y Huku Comunicaciones, entre otros medios.

Los hechos ocurrieron entre el 9 y 10 de noviembre, durante la cobertura de las protestas en Lima por la destitución del presidente Martín Vizcarra y el nombramiento de Manuel Merino como primer mandatario.

El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, de la empresa hondureña de medios Grupo Opsa, instó a «detener las agresiones, investigar las denuncias y respetar el libre ejercicio del periodismo en democracia, en momentos de convulsión política en los que la ciudadanía necesita estar informada».

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director del periódico argentino La Voz del Interior, expresó su respaldo a los comunicadores peruanos.

«Condenamos enérgicamente los actos de violencia, el uso excesivo de fuerza y la limitación en su trabajo contra quienes cumplen con su deber de informar».

Canahuati y Jornet evocaron el cuarto artículo de la Declaración de Chapultepec que expresa que las presiones, la intimidación de los periodistas, la violencia de cualquier tipo, así como la impunidad de los agresores, «coartan severamente la libertad de expresión y de prensa» y que esos «actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad».