Las medidas dificultan el acceso a documentos públicos, a funcionarios y a datos.

Nueva York—Las nuevas leyes de acceso a la información vigentes en Puerto Rico, aprobadas por el exgobernador Ricardo Rosselló en agosto de 2019, constituyen una amenaza grave a la libertad de información y al ejercicio del periodismo, denunciaron periodistas locales y defensores de la prensa ante el Comité de Protección a los Periodista, CPJ por sus siglas en inglés.

Un análisis de la entidad advierte que la Ley de Datos Abiertos (122) y la Ley de Transparencia (144), limitan el acceso a la información pública en la isla al aumentar los días hábiles que tienen los funcionarios públicos para entregar información o documentos solicitados y no definen con precisión el término “documento público.”

Además, también disponen que todas las solicitudes de información se envíen por correo regular o correo electrónico, y prohíben que se efectúen las solicitudes por teléfono o en persona. Según los testimonios de los periodistas, las leyes dificultan que ellos puedan obtener documentos públicos, hablar con funcionarios gubernamentales y confiar en los datos disponibles.

El análisis de las leyes por parte del CPJ también halló que contienen un enunciado excesivamente amplio que les otorga a los funcionarios gubernamentales demasiado margen para rechazar las solicitudes de información.

Por ejemplo, la Ley de Transparencia expresa que el Gobierno puede restringir el acceso a los datos si un funcionario decide que “promueve un interés gubernamental importante o sustancial” o “el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre expresión”. Además, la multa de $250 contra los empleados gubernamentales que obstruyan el acceso quedó eliminada de conformidad con las nuevas leyes.

El CPJ intentó comunicarse con Rosselló para obtener su declaración, por intermedio de su asesora jurídica, Roxanna I. Soto Aguilu; de un exmiembro de su gabinete, Ricardo Llerandi; de su esposa, Beatriz Rosselló; y del secretario de prensa de su sucesora en el cargo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pero no recibió respuesta mediante ninguno de esos canales.

Tanto la Ley de Datos Abiertos como la Ley de Transparencia pasaron por la Legislatura sin audiencias públicas, afirma Cecille Blondet, de la organización Espacios Abiertos. Luego, Rosselló las promulgó, pese a las objeciones de periodistas y organizaciones defensoras de la transparencia, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club of Puerto Rico, la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Espacios Abiertos.

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