Fiscales anticorrupción subrayan actividades de imputados al “tener vidas de lujo, en detrimento de las grandes mayorías”.
Santo Domingo, República Dominicana–Los imputados de la Operación Anti Pulpo, quienes desarrollaron un modo operativo que les permitió sustraer del erario cerca de cinco mil millones de pesos, con un ciclo que se iniciaba con el tráfico de influencia, se apoyaba en el entramado societario que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez y se reforzaba con la inversión en la campaña política de candidatos oficiales, aseguró este domingo el Ministerio Público.
La descripción de cómo operaba este grupo de exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros estuvo a cargo del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), durante el conocimiento de la medida de coerción contra 11 imputados en este caso.
Estas actividades fraudulentas permitieron a los imputados “tener vidas de lujo, en detrimento de las grandes mayorías”, resaltó el magistrado Camacho, al detallar la suma de RD$4,796,775,128 sustraídos de los fondos públicos.
Se preguntó el director de la Pepca cuántas soluciones en estructuras hospitalarias, carreteras, servicios educativos, eléctricos e inversión social pudo haber ofrecido la administración pública con esos recursos.
El Ministerio Público planteó ante el juez de la instrucción que las empresas del entramado de corrupción encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez operaba desde una “misma guarida”, un local comercial ubicado en la avenida 27 de Febrero, en el sector Bella Vista, del Distrito Nacional.
El procurador adjunto Camacho y la fiscal Mirna Ortiz comenzaron a exponer la acusación luego del receso de 45 minutos dispuesto por el juez Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Ambos resaltaron que las empresas de carpetas creadas por Medina Sánchez para fungir como suplidor del Estado aprovecharon su vínculo directo con el hermano del imputado, el entonces presidente Danilo Medina, quien gobernó entre 2012 y 2020. Eran compañías que no registraban ni el capital y el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron favorecidos con contratos millonarios en diferentes instituciones del Estado.
Las empresas operaban desde la avenida 27 de Febrero, número 328, en el edificio RS, de Bella Vista. Allí elegían domicilio compañías como Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Watt Max Dominicana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL. Usaban “la misma guarida”, enfatizó Camacho.
Junto a Juan Alexis Medina Sánchez, en el expediente figura como coimputada su hermana, Carmen Magalys Medina Sánchez. Además, Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando A. Rosa Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
“Este ha sido un entramado de corrupción que ha encontrado el Ministerio Público en su investigación y que hemos dicho públicamente que ha funcionado como un pulpo”, planteó Camacho. “Porque de lo que se ha tratado es de que la cabeza operativa de este entramado de corrupción ha tenido tentáculos en diferentes instituciones del Estado”, añadió.
El titular de la Pepca insistió en que el tráfico de influencia era clave en el entramado delictivo en el que operó Juan Alexis Medina Sánchez como un pulpo y que aprovechó la conexión política con la gestión presidencial de su hermano.
Citó entre las dependencias que favorecieron al entramado del Pulpo a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), una dependencia que, por su ubicación en el organigrama estatal, tiene como superior directo a la Presidencia de la República, la cual estaba bajo la responsabilidad de Danilo Medina Sánchez.
Finalmente, a través de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas, que también tenía domicilio en la 27 de Febrero 328, el grupo invertía parte de los fondos que había obtenido de manera fraudulenta en proyectos políticos oficialistas que permitieran mantener el modo operativo que les rentaba tantos beneficios, resaltó Camacho.