Tal y como estaba programado, los fiscales comenzaron con el testimonio del testigo brasileño Mauricio Dantas Bezerra, quien continuará su exposición este lunes.
Santo Domingo, República Dominicana–Con el testimonio del testigo brasileño Mauricio Dantas Bezerra, el Ministerio Público inició la tarde del viernes la presentación de las pruebas contra los seis acusados de recibir sobornos de los US$92 millones que la empresa Odebrecht admitió haber pagado para obtener contratos de obras públicas en el país.
El Ministerio Público inició con la presentación de las pruebas luego solicitar y obtener que el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazara un recurso de oposición interpuesto por los abogados de la defensa de varios de los encartados, quienes pretendían la exclusión del testigo Dantas Bezerra.
El titular de la Pepca aseguró que las cosas van conforme el Ministerio Público lo ha planteado en su teoría del caso.
El tribunal adoptó la decisión tras acoger la petición del Ministerio Público y establecer que, contrario a lo expuesto por los abogados de la defensa, el testigo sí fue correctamente individualizado, con especificidad de su identificación, nacionalidad, domicilio y la función que desempeñaba para la constructora brasileña.
Dantas Bezerra representó a Odebrecht en el acuerdo firmado con el Ministerio Público en el año 2017, en el que la multinacional se comprometió a pagar US$184 millones por los daños y perjuicios causados al Estado con el pago de US$92 millones en sobornos para lograr la adjudicación de obras.
El testigo brasileño continuará su exposición este lunes 11 de enero, en la continuación del juicio. Luego de que concluya, expondrán los testigos Rodrigo Maluf Cardoso, Marcelo Hofke y María Eugenia Batista.
En la jornada de este viernes 8, el tribunal ordenó la suspensión de la transmisión de los testimonios durante el juicio, luego de acoger una petición de las defensas. No obstante, aclaró que los medios de comunicación están autorizados a realizar su trabajo, con la condición de abstenerse a difundir los vídeos y el contenido de las declaraciones de los testigos que se vayan presentando durante el juicio.
A su salida del tribunal, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, dijo que el Ministerio Público lamenta que el juicio no se siga transmitiendo por completo como se hacía hasta la fecha, para que todo el mundo sepa lo que está pasando y se pueda formar su propia idea de lo que ocurre.
“Conforme al criterio nuestro, las cosas van bastante bien, pero no podemos dar detalles sobre lo que están declarando los testigos, porque una de las razones del tribunal para suspenderla fue cuidar la integridad de los testimonios y que no se vayan a transferir con relación a otros testigos”, dijo.
Además del magistrado Camacho también representan al Ministerio Público Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Ángel Darío Tejeda Fabal, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
El Ministerio Público reiteró que cuenta con más de 1,700 pruebas con las que asegura demostrará las imputaciones contra el empresario Ángel Rondón Rijo, exrepresentante de Odebrecht en el país; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
Además, el exsecretario de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga, el expresidente del Senado Andrés Bautista García, el exsenador de San Cristóbal, Tommy Galán Grullón, y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.
El órgano a cargo del combate a la corrupción administrativa asegura que los imputados aumentaron sus patrimonios familiares en el período de 2002 a 2017, producto de actividades ilícitas que constituyen una violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dispusieron la suspensión del juicio por lo avanzada de la hora y por el toque de queda establecido por el Poder Ejecutivo como parte de las medidas para prevenir y controlar el coronavirus (COVID-19).
