Hacen un llamado al presidente de la República, Luis Abinader «para que en su vocación democrática y por el derecho que le confiere la Constitución, que de ser aprobado el Código Penal en el Senado en las mismas condiciones que en la Cámara de Diputados, ejerza su facultad de observarlo, pués en un Estado social, democrático y de derecho, las leyes deben garantizar los derechos de todos y todas sin distinción. «
Por Olga Marte / RoseMaryNews
Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó su profunda preocupación por el contenido del proyecto de Código Penal que ha sido aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora se encuentra en el Senado de la República para aprobación, «bajo el falso argumento de querer modernizar un instrumento legal como el que actualmente nos rige, sin importar el precio que haya que pagar.»
El Consejo Nacional de la organización de la sociedad civil manifestó en una rueda de prensa, que, «la comisión especial del Senado para estudiar el proyecto de Código Penal, rindió un informe favorable sin tomar en cuenta a las organizaciones, ciudadanos y ciudadanas que presentaron sus valiosas propuestas y sin tomar en cuenta las importantes observaciones presentadas por la Magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República, violentando el ejercicio pleno de la participación ciudadana establecido en la Constitución, el cual implica el derecho de ser escuchado y tomados en cuenta al momento de que se asuma una decisión sobre asuntos que les afectan.»
“Les toca ahora a los senadores asumir la responsabilidad histórica frente al país de no aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho”, enfatizó el Consejo Nacional.
Para Participacion Ciudadana resulta «absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada.»
«El Estado está en la obligatoriedad de proteger la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines. Pero que también hay que reconocer que se trata de un tema que afecta la salud y la vida sobre todo de las mujeres más desfavorecidas que están en una condición de total indefensión», enfatizan.
“Varios diputados y senadores, sobre todo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han engañado a los votantes al solicitar el voto defendiendo las tres causales de interrupción del embarazo y luego de alcanzar sus curules, votando por un proyecto que las excluye, convirtiéndose en autores de una verdadera estafa electoral que debe ser sancionada por los propios electores”, según advierten.
“Es importante recordar que el artículo 39 de nuestra Constitución trata sobre el Derecho a la Igualdad y junto con el numeral 1 claramente indica que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.
En consecuencia, «la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”, advirtió el movimiento cívico.
«Nadie puede quedar excluido, por lo que de ser aprobado por el Ejecutivo nuestra institución ejercerá su derecho de recurrir la pieza ante el Tribunal Constitucional», sostiene la entidad cívica.
