- En el documento de medida de coerción sometido por el Ministerio Público, se acusa a la pastora Rossy y a su hijo de ser testaferros del general Cáceres.
- Ella era asimilada de la Policía Nacional con un salario de RD$ 10 mil mensual.
Santo Domingo, República Dominicana–La imputada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, mejor conocida como La Pastora Rossy, ha sido acusada por el Ministerio Público (MP) de haber prestado su nombre al General Adán Cáceres para encubrir los bienes que este no podía justificar.
El Ministerio Público también señala al hijo de La Pastora, imputado Tanner Flete Guzmán, de haber prestado su nombre para la conformación de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, de la cual supuestamente posee el 40 % de las acciones pero devenga un salario de RD$ 8,000.
En 2017, Flete Guzmán ingresó a las filas de la Policía Nacional, siendo asignado inmediatamente al Cuerpo de Seguridad Presidencial con un salario de RD$ 16,240, informa Acento.com.do
“En virtud del análisis de las informaciones financieras suministradas por la Superintendencia de Bancos, de los dos empleados, socios y únicos accionistas de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, los coimputados Rossy Maybelline Guzmán Sánchez y Tanner Antonio Flete Guzmán, queda claramente evidenciado que los mismos no poseen un perfil económico para realizar financieras de esta magnitud, las cuales involucran sumas millonarias de dinero, que nunca han manejado en sus cuentas, por lo que es evidente que no tienen la capacidad económica para capitalizar e invertir en la compra de las propiedades mobiliarias e inmobiliarias, que conforman el patrimonio de la referida empresa, sino que más bien son presta nombres y/o testaferros”, dice el documento del MP.
Perfil económico de La Pastora
Rossy Guzmán era asimilada de la Policía Nacional desde febrero del 2016 hasta noviembre del 2020 con un salario de 10 mil pesos. De igual forma, cotiza en la TSS, en Único Real State e Inversiones SRL, período febrero 2016 a noviembre del 2020, y en RMG Rapifarma SRL, período mayo del 2010 a diciembre del 2017, con 10 mil pesos, así como otros ingresos menores, para un monto total ascendente a dos millones setecientos diecinueve mil ochocientos diez pesos dominicanos con sesenta y un centavos (DOP$ 2,719,810.61).
La imputada, de acuerdo con el Ministerio Público, está vinculada a ocho empresas de las que posee participación accionaria en cuatro de estas con más del cincuenta por ciento de las acciones, por lo tanto, es la beneficiaria final.
Dentro de sus propiedades hay un apartamento ubicado en Santo Domingo Oeste, valorado en un millón quinientos ochenta y cuatro mil pesos DOP$ 1,584,000.00, según la Dirección General de Impuestos Interno.
Asimismo cinco vehículos a su nombre, de los cuales, dos son Toyota 4 Runner-SRS del año 2004 y 2007 respectivamente, un Toyota Corolla DX del 1997, un Mitsubishi Montero 4×4 del 2001, un Nissan del 2003.
Revelan además que, desde el 2006 al 2019, sus transacciones en efectivo ascienden a la suma de diez millones cuatrocientos setenta y nueve mil con doscientos setenta y cinco pesos dominicanos y setenta centavos (DOP$ 10,479,275.70).
Detallan que sus movimientos bancarios en una cuenta de Banreservas registraron créditos por un monto total de tres millones setecientos cuatro mil novecientos diecinueve pesos con seis centavos (DOP$ 3,704,919.06) y un débito de tres millones seiscientos setenta y un mil quinientos cuarenta y ocho pesos con treinta y dos centavos (DOP$ 3,671,548.32).
El MP dice que al verificar las informaciones financieras por año, “es evidente que no existe una correlación entre su perfil económico personal, con el relacionado a las empresas Único Real State e Inversiones S.R.L y la Asociación Campesina Madre Tierra, las cuales tuvieron movimientos bancarios de cientos de millones de pesos en solo 5 años, además de la adquisición constante de bienes muebles e inmuebles por dichas personas morales.”
Ambos se encuentran detenidos desde el pasado sábado 24 de abril y se espera que este miércoles les sea conocida la medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
