Organismos de derechos humanos afirman que la intervención telefónica devela una nueva amenaza para los derechos humanos en el país y temen una escalada de violencia. EE. UU. calificó de «preocupante» los hechos, mientras la administración Bukele niega ser responsable del hackeo.
San Francisco, EE.UU. — Periodistas y activistas de derechos humanos salvadoreños cuyos teléfonos celulares fueron intervenidos en repetidas ocasiones con un sofisticado spyware durante el último año y medio responsabilizan al gobierno de Nayib Bukele de la acción.
En conversación con la Voz de América, periodistas de El Faro, un diario digital que sostiene una relación tensa con el actual gobierno, afirmaron que los ataques a los comunicadores independientes «no evitarán que sigan haciendo su trabajo».
El espionaje a los teléfonos móviles de los periodistas, que se produce en medio de un entorno cada vez más hostil en El Salvador para los medios y las organizaciones de derechos humanos, fue descubierto a fines del año pasado por The Citizen Lab, que estudia el software espía en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto.
El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, que colaboró con Citizen Lab en la investigación, dijo a la VOA que la confirmación de la intervención no hace más que develar “una nueva amenaza para los derechos humanos” en El Salvador.
Según Astrid Valencia, investigadora para Centroamérica de la institución, “con esta verificación se abre un capítulo preocupante (…) donde vemos el ambiente de hostilidad, acoso, hostigamiento que están sufriendo los periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos”.
Valencia estimó que la intervención debería encender las alarmas de la comunidad internacional “sobre todo en un contexto donde hemos visto a funcionarios públicos de alto nivel deslegitimando, desacreditando la labor periodística y la defensa de los derechos humanos”.
Por su parte, The Citizen Lab detalló en su informe que encontró evidencia de incursiones en los teléfonos que ocurrieron entre julio de 2020 y noviembre de 2021. Expuso que no pudo identificar quién fue el responsable de implementar el software espía diseñado por Israel.
Sin embargo, para José Luis Saenz, editor en Washington de la edición en inglés de El Faro, no tienen ninguna duda que, tras la “operación de espionaje”, está el Gobierno de El Salvador.
Saenz afirmó a la VOA que ven en el espionaje un doble objetivo: acceder a sus fuentes y obtener información personal de los periodistas e institucional del periódico para “tratar de construir campañas de difamación o poder alimentar falsas acusaciones judiciales contra nosotros”.
“Un gobierno como el de Nayib Bukele que aspira al control absoluto (…) ha atacado de múltiples maneras el trabajo periodístico y ha expresado en varias ocasiones su interés por obstaculizarlo y perseguir a quienes filtren información de su gobierno. Un gobierno que, está ya demostrado, guarda secretos como negociaciones secretas con las pandillas”, aseveró Saenz.
El periodista fue una de las primeras personas a quienes les fue intervenido su teléfono. En ese momento era el director del periódico y se encontraba en El Salvador. Afirma que el hackeo coincide con una campaña de difamación contra el medio digital y además con una serie de auditorías por parte del Ministerio de Hacienda que tratan “de construir un caso de lavado de dinero” contra el medio.
¿Qué ha dicho el gobierno?
Sofía Medina, portavoz del presidente Nayib Bukele, declaró en un comunicado de prensa dirigido a Reuters: “El gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y tampoco es cliente de NSO Group”, y aseguró que no tiene los permisos para usar este tipo de software. El gobierno está investigando el uso de Pegasus para hackear teléfonos en El Salvador, aseguró.
Medina señaló que ella también recibió una alerta de Apple el 23 de noviembre, como afirman las otras víctimas, que le decía que existía la posibilidad de que estuviese siendo víctima de hackeo patrocinado por el Estado. Dijo que el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador recibió ese mismo mensaje ese día. La investigación de The Citizen Lab no incluyó a funcionarios del gobierno, aclaró Medina.
Preocupantes los reportes de espionaje telefónico a periodistas, políticos y miembros de soc. civil en E.S.
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 13, 2022
Nos oponemos a los esfuerzos para silenciar voces críticas. Libertad de Expresión y medios independientes son esenciales para cualquier democracia. https://t.co/oymDayLzy8
El espionaje a los teléfonos móviles de los periodistas, que se produce en medio de un entorno cada vez más hostil en El Salvador para los medios y las organizaciones de derechos humanos, fue descubierto a fines del año pasado por The Citizen Lab, que estudia el software espía en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto.
“Nos hace pensar que la intimidación primero, las amenazas después o esfuerzos tan fuertes de espionaje como éste no consigan su objetivo que es silenciarnos, tememos que lleguen otro tipo de medidas, que, por desgracia, estamos esperando”, afirmó.
Sáenz afirma que tanto como El Faro, otros medios y comunicadores independientes ya están tomando protocolos de protección y prevención porque “en estos momentos no hay ningún tipo de garantía en El Salvador”.
Eric Olson, director de Política e Iniciativas Estratégicas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo a la Voz de América que esto “atenta contra la libertad de expresión, la independencia de los medios” y que lo más preocupante es que no se tiene garantía que una “fiscalía comprometida políticamente” actúe en estos casos.
“Eso da una señal clara del retroceso dramático que existe en El Salvador en materia de derechos humanos”, señaló Olson.
Mientras que el secretario adjunto para el Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, Brian A. Nichols, reaccionó en su cuenta de Twitter calificando como «preocupante» el espionaje y citó su oposición a «silenciar las voces críticas», ya que la «libertad de expresión y medios independientes son esenciales para cualquier democracia».
El software Pegasus, es conocido por ser adquirido por actores estatales de todo el mundo, algunos de los cuales han utilizado la herramienta para vigilar a los periodistas.
En el caso de El Salvador, el fuerte interés en los editores, reporteros y activistas “apunta a un cliente local con un interés particular en sus actividades”, explicó Scott-Railton, investigador principal de The Citizen Lab a Reuters.
«No puedo pensar en un caso en el que la orientación casi exclusiva de Pegasus en un país no haya terminado siendo un usuario en ese país», dijo Scott-Railton.
Por su parte NSO Group, empresa que desarrolló el software y que durante mucho tiempo ha mantenido confidencial su lista de clientes, se ha negado a comentar si El Salvador era cliente de Pegasus. La compañía escribió en un comunicado que vende sus productos solo a agencias de inteligencia y de aplicación de la ley «examinadas y legítimas» para combatir el crimen y que no está involucrada en operaciones de vigilancia. NSO afirma que tiene una política de «tolerancia cero» para el uso indebido de su software espía para actividades como el seguimiento de disidentes, activistas y periodistas y que ha rescindido los contratos de algunos clientes que lo han hecho. Pese a las declaraciones de la compañía, el análisis forense de los teléfonos de El Salvador demuestra lo contrario según los investigadores de The Citizen Lab, que también señaló que comenzó con éste a petición de los periodistas que sospechaban que sus dispositivos podrían estar comprometidos.
De acuerdo con este centro de investigación se encontraron rastros reveladores de infecciones de software espía en los teléfonos celulares de 22 reporteros, editores y personal administrativo de el periódico digital El Faro, más de dos tercios del personal de la compañía, y evidencia de que se robaron datos de muchos de esos dispositivos, incluidos algunos que tenía varios gigabytes de material extraído.
El Faro estuvo bajo vigilancia constante durante al menos 17 meses, entre el 29 de junio de 2020 y el 23 de noviembre de 2021, con el teléfono del editor en jefe Oscar Martínez infiltrado al menos 42 veces, afirmó Citizen Lab.
