- Según fuentes de la Voz de América, el fiscal supremo Uriel Terán, hizo el pedido ante el juez supremo Juan Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien deberá convocar a una audiencia este miércoles.
- El expresidente está acusado de haber cometido los delitos de rebelión y conspiración, que podrían llevarlo 10 años a la cárcel. En la causa también ha sido incluido su ex primer ministro Aníbal Torres, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Lima, Perú — La Fiscalía General de Perú solicitó el martes al Poder Judicial 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien está acusado de delitos de rebelión y conspiración al tratar de cerrar el Congreso e instalar un “gobierno de excepción”.
Según fuentes de la Voz de América, el fiscal supremo Uriel Terán, hizo el pedido ante el juez supremo Juan Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien deberá convocar a una audiencia este miércoles.
Este proceso podría ser bastante rápido porque la detención preliminar de Castillo por 10 días vence este miércoles. Por los cargos, el expresidente podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión.
En la misma causa se encuentra el ex primer ministro Aníbal Torres, quien se encuentra prófugo de la justicia tras conocer que fue denunciado por el delito de rebelión.
El martes, la defensa legal de Castillo buscó su liberación mediante un habeas corpus ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Sin embargo, el juez César San Martín declaró infundado el recurso debido a que los actos de presunta tentativa de rebelión del expresidente se dieron con «toda rotundidad» y la declaración fue pública.
Además, el magistrado agregó que existe un alto peligro de fuga por parte del exmandatario si sale en libertad.
“El investigado pretendía alejarse de la persecución penal recurriendo a la figura del derecho de asilo diplomático, cuyos primeros pasos ya había adelantado, según reconoció el presidente de México y el embajador de ese país en el Perú”, se lee en el fallo judicial.
Finalmente, el juez San Martín consideró las declaraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez que sindican a Castillo como la persona que tomaba las decisiones por ser alta autoridad del Estado, las cuales debían ejecutarse por su investidura.
En este caso, el cierre del parlamento y otras instituciones que, al final, no se llegaron a concretar.
Antes del fallo, Castillo tomó la palabra para denunciar que es víctima de una injusta detención. “Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Nunca he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión”, afirmó. Además, agradeció a sus seguidores que le muestran su apoyo afuera de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).
