La administración de Abinader enfrenta una serie de reclamos de prestaciones laborales de miles de empleados públicos desvinculados en varios ministerios, entre ellos Turismo, Salud Pública, Educación y Obras Públicas, lo que ha generado mucho malestar por el método y la lentitud de los procesos, de lo cual se desvincula el MAP.
  • El ministro del MAP, Darío Castillo Lugo, quiere tratar el asunto del pago de indemnizaciones económicas y los beneficios laborales a miles de servidores públicos desvinculados, asunto que reclama la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, CNUS.
  • El gremio alega que hasta el momento, nadie ha dado la cara por las destituciones de empleados públicos en Turismo, Educación, y Obras Públicas, sin el pago de las compensaciones establecidas por la ley.
  • Darío Castillo Lugo explicó que no es responsabilidad del MAP pagar los beneficios laborales ni las indemnizaciones de los servidores que son cesanteados en instituciones gubernamentales, en cuyo caso, solo le corresponde aprobar los cálculos.

Santo Domingo, República Dominicana–El Ministro de Administración Pública (MAP) expresó su disposición de reunirse con el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) para tratar el tema del pago de los beneficios laborales de servidores públicos desvinculados.

El licenciado Darío Castillo Lugo dijo que no ha recibido solicitud alguna de Rafael (Pepe) Abreu para ese, ni ningún otro propósito, pero que las puertas de su despacho están abiertas para él y para quien lo desee en ese sentido.

Afirmó que está totalmente de acuerdo con que se paguen las prestaciones laborales a los servidores públicos cancelados, que la ley así lo estipule.

“No he recibido una llamada, ni solicitud de Pepe, ni directa ni indirectamente, y tampoco han cursado nada en ese sentido a través de los funcionarios que tratan el tema en el MAP. Sin embargo, estamos dispuestos a recibirlo y discutir esa situación, cuando él esté disponible”, precisó Castillo Lugo.

Explicó que no es responsabilidad del MAP pagar los beneficios laborales ni las indemnizaciones de los servidores que son cesanteados en instituciones gubernamentales, en cuyo caso, solo le corresponde aprobar los cálculos, conforme a lo que establecen las normas.

La mayoría de los reclamos proceden de empleados desvinculados del Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, y Ministerio de Obras Públicas, entre otras instituciones del Estado. La principal queja consiste en la lentitud y método de procesar los reclamos tanto dentro como fuera del país.

“Las instituciones realizan los cálculos de beneficios laborales a través de un sistema en línea llamado Reclasoft, y nosotros lo que hacemos es autorizarlos”, precisó.

De ese modo, Catillo Lugo responde a las afirmaciones del presidente de la CNUS, Rafael Abreu, quien dijo que se encuentra cansado de tratar de hablar con los incumbentes de las diferentes instituciones, con ministros y en especial con el titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Darío Castillo Lugo, y que hasta el momento nadie ha dado la cara por las destituciones a empleados públicos sin el pago de las compensaciones establecidas por la ley; según salió publicado en el periódico Diario Libre digital.

Solicitudes recibidas y procesadas
Informó que, del 17 de agosto del 2020 al 9 de febrero de 2021, el MAP recibió 50,076 solicitudes de certificación de cálculos de beneficios laborales, de las cuales 47,965 fueron procesadas por el sistema virtual, y las 2111 restantes de manera presencial.
Explicó que de esa cantidad fueron despachados 47,418 y quedaron pendientes 1,769, según las estadísticas del mes de febrero.

Precisó que de agosto a diciembre el MAP recibió 37,388 solicitudes de cálculos de beneficios laborales, de las cuales 35,687 se recibieron por la vía virtual y 1,701 de manera presencial, y que todas fueron despachadas, de manera que no quedó ninguna pendiente.

El titular del MAP agregó que, en enero y febrero, la institución recibió 13,188 solicitudes. De ellas 12,778 por la vía virtual y 410 presencial, de las cuales despachó a las entidades solicitantes 11,419, y quedaron pendientes 1,268 por contestar, a la fecha de cierre del informe, el 9 de febrero de 2021.

Sin embargo, muchos empleados desvinculados no ocultan su disgusto por la lentitud de los procesos para recibir sus compensaciones legales, así como el poco interés de concluirlos por parte de algunos ministros, directores y otros responsables de las instituciones afectadas.