“El Gobierno dominicano alberga la esperanza de que triunfe la racionalidad de forma tal que los líderes mundiales puedan redirigir sus energías a atender los retos más acuciantes que enfrenta hoy la humanidad y el planeta, mediante el diálogo y la negociación”, concluyó el comunicado de la Cancillería.

El país firmó un documento conjunto de 16 estados, incluido el Grupo de Lima, donde rechazan los comicios fraudulentos y ratifican su apoyo al retorno del estado de derecho en Venezuela.

Bogotá, Colombia—Un grupo de países interesados por la crisis multidimensional que afecta a Venezuela, incluido los miembros del Grupo de Lima comprometidos con el retorno de la democracia, denunció como ilegales e ilegítimos los comicios realizados el domingo en ese país.

En un documento conjunto difundido por la Cancillería de Colombia, los estados firmantes reiteran que los comicios para renovar la Asamblea Nacional de Venezuela del 6 de diciembre. “organizados por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, carecen de legalidad y legitimidad.”

Subrayan que los mismos “fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional.”

En la Declaración Conjunta sobre Venezuela, los 16 estados llaman a la comunidad internacional “para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela.”

Al mismo tiempo, instan “a los actores de toda Venezuela, de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias, para que pongan los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición, definido e impulsado por los venezolanos, para encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible.”

El documento conjunto fue suscrito por las cancillerías de los gobiernos de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía.