- Centenares de ciudadanos dominicanos demandan el cumplimiento de las leyes del trabajo y de migración, así como el refuerzo de los controles en la frontera y la defensa de República Dominicana.
- De acuerdo con el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, es urgente estabilizar a Haití, ya que consideró pasó de ser “un fenómeno de migración” a “un éxodo invasor y de ocupación”.
Santo Domingo, República Dominicana — Participación internacional, agilidad en la construcción del muro entre República Dominicana y Haití, cumplimiento del código laboral dominicano y aplicación de las normas migratorias, fueron parte de las exigencias que levantaron decenas de dominicanos en el desarrollo de la “Marcha Patriótica” de este sábado.
La marcha estuvo organizada y convocada por el Instituto Duartiano, en la persona de su presidente, Wilson Suárez, y avalada por otras organizaciones de solvencia en la sociedad civil como son #RDPorLoAlto, y su presidente licenciado Hernani Aquino, adjunto a su equipo, quienes entienden como deber sumarse a la defensa de la dominicanidad y los reclamos que fueron parte esenciales de los objetivos de esta marcha para llamar la atención de la comunidad internacional ante la situación y la crisis en Haití.
Durante la actividad, organizada por el Instituto Duartiano con el apoyo de un conjunto de entidades y personalidades, fue emitido el “Manifiesto Patriótico del 6 de agosto de 2022”, en que se recogen las mencionadas peticiones y otras tantas a fin de buscar “una solución al problema de Haití en Haití “.
De acuerdo con el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, es urgente estabilizar a Haití, ya que consideró pasó de ser “un fenómeno de migración” a “un éxodo invasor y de ocupación”.
Gómez Ramírez, quien fue el encargado de leer el manifiesto solicitó una “mayor celeridad, trasparencia y efectividad en la construcción del muro o valla física tecnológica en la frontera”.
Asimismo, solicitó, en nombre de los presentes, la aplicación del 80% de mano de obra dominicana en las actividades económicas del país, ordenanza establecida en el Código Laboral.
El tercer punto fue el cumplimiento “riguroso y justo” de las normativas migratorias, la “repatriación sostenida” de los extranjeros en situación, seguido del cuarto que apela a que se adopten “todas las medidas y providencias para que conforme a la realidad precedentemente expuesta, las Fuerzas Armadas sean llevadas en un número tan suficiente como lo demandan las circunstancias actuales, al control fronterizo para evitar el regreso de los repatriados y nuevas incursiones ilegales, al costo y con el rigor que el caso requiera, hasta tanto concluyan los trabajos de edificación del muro y se pongan en prácticas efectivos mecanismos tecnológicos que garanticen la supervisión”.
Durante la gran marcha, el historiador y ex secretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, deploró los hechos violentos en la frontera, sin embargo, enfatizó que es derecho de todos los dominicanos defender el país.
En ese sentido, líderes políticos coinciden en que la situación de Haití es responsabilidad de la comunidad internacional, la cual ha sido beneficiada de la crisis en ese país.
En el manifiesto patriótico difundido por el Instituto Duartiano, afirman que los líderes de la comunidad internacional nunca han hecho un esfuerzo auténtico, consistente, sincero, de rescatar y reconstruir a Haití en Haití, ni siquiera después del horroroso terremoto del 2010.
El quinto punto del manifiesto propone que “el Ministerio de Educación cumpla con el artículo 63, numeral 13, de la Constitución de la República, el cual manda que “con la finalidad de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica”.
Otras reclamaciones fueron sobre el cumplimiento al artículo 10, numeral 2, de la norma suprema que establece que “el régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y el interés nacional”, “la adopción de una política altamente restrictiva», así como la revisión y la supervisión «minuciosa» del registro civil, el libro de extranjería.
Al concluir propusieron “una gran ofensiva diplomática mundial, incluida, un amplio ejercicio de diplomacia pública y ciudadana, con guía escrita, rigurosa y unidad de criterios ante las embajadas, parlamentos y los organismos internacionales, con un contenido histórico veraz acerca de las relaciones dominico-haitianas y los datos socioeconómicos, demográficos y medioambientales que fundamentan nuestros legítimos y justos reclamos”.
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