Un ministro en México pretende limitar el derecho de la Prensa a difundir el uso de los fondos públicos en manos de funcionarios.

Un ministro solicitó castigar a los medios que revelen secretos de los políticos en un caso que involucra al diario El Universal.

Miami, Florida– La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) confía en que la Suprema Corte de Justicia de México siga sosteniendo sentencias previas que blindan el derecho de réplica bajo principios de libertad de prensa y de respeto a la independencia y a los criterios editoriales que asumen los medios de comunicación.

La controversia involucra al diario El Universal de México y al actual ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, a cargo de redactar el proyecto de sentencia sobre el derecho a réplica en contra de El Universal que involucra a un excandidato presidencial, Ricardo Anaya.

En 2018, el diario mexicano publicó reportajes en relación al abultado patrimonio de Anaya. El político mexicano y el diario comenzaron entonces un proceso legal en torno al derecho de réplica. Tras agotarse varias instancias, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia.

Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, dijo que el argumento legal de El Universal tiene fundamento, debido a que al ministro Aguilar Morales le han rechazado en el alto tribunal varias propuestas de sentencias que permitirían aplicar castigos a los medios que publican información que los políticos quieran mantener en secreto o que los obliguen a publicar réplicas sin modificaciones.

Christopher Barnes, presidente de la SIP, expresó su confianza que la Suprema Corte sabrá balancear el derecho de réplica con el derecho a la libertad de prensa y el debido respeto al criterio editorial de los medios. “Incluso al publicar una respuesta a una historia, lo cual es el derecho del agraviado, los medios deben adherirse a los principios y la ética periodística, pero podrán editar lo sometido.»

Agregó que «Los medios siempre deben encontrar el equilibrio apropiado para permitir ambos lados de la historia sin comprometer la ética o la integridad. El público a quien servimos nos lo exige. Confiamos en que la Suprema Corte lo verá así también.”

Barnes y Rock agregaron que el derecho a réplica tiene límites pese a que es un mecanismo que le asiste a toda persona que se siente ofendido por una publicación. Entre esos límites, remarcaron que los funcionarios públicos están sometidos a mayor escrutinio según estándares internacionales sobre libertad de prensa, y que las réplicas no dan lugar a opiniones sino a hechos concretos que han sido denunciados.

“De lo contrario – dijeron – se estaría estableciendo un privilegio para los funcionarios públicos y políticos en detrimento del derecho del público a saber sobre quienes administran los dineros públicos.”

La semana pasada El Universal solicitó a la Suprema Corte que el ministro Aguilar Morales se recusara del caso luego de que por tercera ocasión presentara un proyecto de sentencia en contra del diario, cuyo contenido puede resquebrajar la doctrina sobre derecho a réplica en el país y que busque favorecer al juzgador en lo personal.

Pese a que en dos ocasiones la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia han argumentado a favor de la postura de El Universal favoreciendo la libertad de expresión, el ministro ha vuelto a presentar un proyecto de sentencia cuyo contenido preocupa pues atenta contra los medios de comunicación que revelan información que los políticos no quieren hacer pública.

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