En tanto, fueron declarados absueltos el expresidente del Senado, Andrés Bautista; el abogado Conrado Pittaluga y el exdirector de Inapa, Juan Roberto Rodríguez.
Santo Domingo, República Dominicana–Tras una audiencia de dos horas y cinco años después de iniciado el proceso, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a dos imputados y adsorbió a cuatro acusados de los cargos de los delitos de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo sentenciaron a 8 años de prisión al empresario Ángel Rondón, mientras al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, a cinco años de cárcel.
En tanto, los declarados inocentes son el expresidente del Senado, Andrés Bautista; el abogado Conrado Pittaluga y el exdirector de Inapa, Juan Roberto Rodríguez. El tribunal no acogió todos los requerimientos, ni acusaciones de los fiscales que por ejemplo en el caso de Ángel Rondón lo acusaban de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.
A Víctor Díaz Rúa le imputaron soborno, enriquecimiento ilícito, falsedad en las declaraciones juradas y lavado de activos, estos son los mismos delitos atribuidos al ex senador Tommy Galán.
Mientras que Andrés Bautista fue señalado por soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Conrado Pittaluga, según la Fiscalía, había incurrido en soborno, enriquecimiento patrimonial ilícito y lavado de activos, en tanto que a Roberto Rodríguez fue acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El Ministerio Público había solicitado condenas de 10 años de prisión contra Ángel Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa.
Para el imputado Conrado Pittaluga Arzeno, la Pepca pedía una pena de siete años de prisión, mientras que para los coimputados Tommy Alberto Galán Grullón, Porfirio Andrés Bautista García y Juan Roberto Rodríguez Hernández requirió cinco años tras los barrotes.
Además, los fiscales le solicitaron al tribunal que todos los encartados sean condenados al pago de una multa de 200 salarios mínimos, que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado dominicano y que sean sentenciados al pago de las costas del proceso.
