Chile, Costa Rica y Venezuela eran los países candidatos por América Latina y el Caribe para obtener dos vacantes en el Consejo de DDHH, integrado por 47 países. Chile obtuvo 144 votos, Costa Rica 134 y Venezuela 88, la mayoría requerida eran 97 votos. (Foto: Cortesía de la Voz de América).

En la votación del martes para elegir a los Estados miembros del Consejo de DDHH de la ONU, Venezuela obtuvo 88 votos, por debajo de la mayoría requerida de 97 votos.

Nueva York, EEUU – El gobierno de Venezuela no consiguió la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para el período 2023-2025, después de una votación directa y secreta de los 193 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU.

Chile, Costa Rica y Venezuela eran los países candidatos por América Latina y el Caribe para obtener dos vacantes en el Consejo de DDHH, integrado por 47 países. Chile obtuvo 144 votos, Costa Rica 134 y Venezuela 88, la mayoría requerida eran 97 votos.

“En tres de los cinco grupos regionales no hay competencia para ocupar los asientos a llenar. Las listas regionales donde existe la misma cantidad de candidatos que de vacantes permiten que los candidatos puedan obtener un lugar en el consejo con independencia de si lo merecen o no”, explicó Human Right Watch, (HRW).

La semana pasada HRW divulgó un comunicado en el que se había pronunciado en contra de la reelección de Venezuela debido a “su terrible récord en derechos humanos y los posibles crímenes de lesa humanidad” que se cometen en el país.

Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Right Watch, calificó como “una buena noticia” que Venezuela haya quedado excluida del Consejo de DDHH de la ONU y lo evalúa como un “merecido resultado para un gobierno implicado en crímenes contra la humanidad”.

Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una asociación civil dedicada a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en Venezuela, dijo a la Voz de América que el gobierno venezolano, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos fundamentales.