La propuesta «ley de agentes extranjeros», a iniciativa del presidente Nayib Bukele, establece un impuesto adicional del 40% a otras obligaciones fiscales para cada transacción financiera que las organizaciones y medios reciban del extranjero.
Miami, EE.UU.–La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advierte sobre los efectos negativos para las libertades de expresión y de prensa que tendría la aprobación de una ley en El Salvador que puede poner en riesgo la existencia de medios de comunicación independientes y de organizaciones no gubernamentales que reciben asistencia financiera del extranjero.
La propuesta «ley de agentes extranjeros», a iniciativa del presidente Nayib Bukele, establece un impuesto adicional del 40% a otras obligaciones fiscales para cada transacción financiera que las organizaciones y medios reciban del extranjero. Especialmente, pone en el blanco a aquellas instituciones que transmiten «cualquier material informativo físico, electrónico o digital».
Los argumentos de la iniciativa se basan en principios de «no injerencia» y «soberanía nacional», una forma que los gobiernos utilizan para amordazar a medios críticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos que reciben donaciones y aportes desde el extranjero. Al respecto, y citando a Nicaragua, México y Venezuela, entre otros países, la SIP alertó este año sobre «el resurgimiento de la tendencia a crear leyes y/o desacreditar la credibilidad de las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, con el ánimo de limitar sus operaciones y actividades».
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expresaron que la «propuesta imita y profundiza la ley nicaragüense de reciente creación, que el gobierno de Daniel Ortega utiliza para amordazar a las voces críticas e independientes».
Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que «se trata de una severa limitación para el funcionamiento de medios críticos al gobierno y de organizaciones que respaldan temas sociales y de derechos humanos que dependen del respaldo internacional para cumplir su labor».
En una resolución de abril pasado, la SIP advirtió sobre este tipo de leyes que violan pactos políticos y la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos. Recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que «los Estados deben abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos y deben además permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional, en condiciones de transparencia».
El proyecto de ley fue presentado ante la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, el 9 de noviembre por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain. Argumentó que «esta ley permitirá defender la soberanía del país y se prohíbe la injerencia extranjera». Los infractores serán multados hasta con 10 mil dólares estadounidenses y se les podría cancelar la personería jurídica.
