Michael Greenspon, presidente de la SIP, criticó la acción de Porras por considerarla un «abuso de privilegio» y porque, de haberse aprobado, se hubiera constituido en «un grave precedente contra la libertad de expresión».
Miami, Florida – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró como grave antecedente y abuso de privilegio un pedido realizado por la fiscal general de Guatemala a la Corte Constitucional.
La funcionaria planteó que el alto cuerpo judicial ordene el uso de la fuerza pública en contra de manifestaciones públicas y silencie críticas a su gestión y la de sus allegados que se realicen a través de las redes sociales.
La entidad destacó que la Corte rechazara el amparo provisional solicitado por la funcionaria y haya indicado que los manifestantes mencionados en la solicitud no pusieron en riesgo el trabajo del Ministerio Público y ejercieron legítimamente su derecho de libertad de expresión.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, había presentado el 24 de agosto el recurso ante la Corte Constitucional (CC) por considerar que sus funciones se vieron vulneradas a través de ataques en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), en las que también se estaría convocando a manifestaciones en contra de ella y de otros funcionarios.
Michael Greenspon, presidente de la SIP, criticó la acción de Porras por considerarla un «abuso de privilegio» y porque, de haberse aprobado, se hubiera constituido en «un grave precedente contra la libertad de expresión».
Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó: «Estamos ante un contrasentido a las libertades de expresión y de asociación, dos ejes fundamentales que invoca el sistema interamericano como derechos humanos inviolables».
Con la intención de preservar su seguridad y la independencia de su institución, Porras demandó que el presidente Alejandro Giammattei; el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, y el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Adriano López usen la fuerza pública, cuando sea necesario y excepcionalmente, en contra de manifestaciones no pacíficas, para preservar su seguridad y la independencia de la institución a su cargo.
También solicitó protección para el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y para la fiscal Cinthia Monterroso. Al procurador de los Derechos Humanos lo exhortó a pedir protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, Carlos Jornet, dijo que «es insólito que se pida protección a la CIDH cuando ha sido pública la violación sistemática de los derechos humanos y de los estándares interamericanos por parte de estos funcionarios».
Porras, Curruchiche y Monterroso fueron incluidos el año pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su lista Engel, designada para señalar y sancionar a involucrados en actos de corrupción y ataques contra la democracia.
Greenspon y Jornet consideraron significativo el rechazo del amparo de Porras, ya que hubiera creado un precedente negativo para neutralizar y perseguir penalmente a quienes la critiquen, sean ciudadanos, periodistas, medios u organizaciones.
Los directivos de la organización recordaron que, tal como establecen las declaraciones de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y la Declaración de Salta de la SIP, los funcionarios públicos, elegidos o asignados, están expuestos a un mayor escrutinio de la sociedad y deben ser propensos a la crítica.
