El presidente Laurentino Cortizo dijo que solicitará al Tribunal Electoral que organice la consulta para el 17 de diciembre sobre un contrato con una empresa minera canadiense que ha provocado siete días de protestas en Panamá
Ciudad de Panamá — El presidente panameño Laurentino Cortizo anunció el domingo que pedirá que se convoque a una consulta popular para decidir si se deroga o no un contrato con una empresa canadiense para extraer cobre en una zona boscosa del norte del país, un asunto que ha generado multitudinarias protestas en los últimos días.
En un breve mensaje nocturno a la nación, Cortizo dijo que solicitará al Tribunal Electoral que organice la consulta para el 17 de diciembre, una medida que no pareció convencer de inmediato a organizadores de las manifestaciones, que insistieron a través de redes sociales en que seguirán en las calles.
“A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano”, dijo el mandatario tras una nueva jornada de protestas y manifestaciones en la capital y el resto del país centroamericano.
Fue el tercer anuncio de Cortizo en una semana en cadena nacional, en un intento por apaciguar las masivas protestas, impulsadas mayormente por jóvenes a través de las redes sociales y por gremios de la industria de la construcción, magisteriales y médicos, entre otros, que exigen la derogación del contrato-ley.
En rascacielos residenciales de la capital se sonaron cacerolas después del anuncio presidencial, informa la Voz de América.
Cortizo, a quien le resta menos de un año para culminar su quinquenio, sancionó y promulgó aceleradamente el contrato ley el viernes 20 de octubre, tras aprobarse con rapidez en el Legislativo pese al rechazo popular.
La ley le da derecho a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, para seguir extrayendo, procesando y comercializando cobre y otros minerales en una zona de más de 12.955 hectáreas por un período de 20 años, prorrogable a 20 más.
Mientras que el gobierno defiende el contrato con el argumento de que salvaguarda miles de empleos en esa mina y hace un importante aporte a la economía del país de poco más de 4 millones de habitantes, los que lo rechazan señalan que el Estado otorga demasiadas concesiones a la empresa y es desventajoso financieramente para Panamá.
El gobierno destaca que con el contrato se asegura un aporte anual mínimo de 375 millones de dólares por parte de la minera, la cual comenzó a exportar el mineral en junio de 2019. La empresa reportó que las exportaciones por 2.850 millones de dólares en 2022.
Los manifestantes también se oponen a los derechos que se le dan a la mina para el uso del agua en esa zona considerada de importancia hídrica, y advierten del impacto al medio ambiente, incluyendo la deforestación. La minera asegura que para el procesamiento del mineral utiliza 100 % agua de lluvia en un circuito cerrado.
