Cubanos han convocado una marcha a mediados de noviembre que ha sido desautorizada por el gobierno comunista de la isla.
Miami, EE.UU.— Un grupo de jóvenes cubanos insisten en realizar una marcha pacífica en Cuba, convocada para el 15 de noviembre, pese a que el gobierno ha negado el permiso. Como antecedente más inmediato están las condenas contra activistas que participaron en las protestas masivas del 11 de julio.
En franco desafío a las autoridades, activistas de derechos humanos, intelectuales y otros miembros de la sociedad civil han convocado desde la plataforma Archipiélago a la «Marcha Cívica por el Cambio».
“Todos hemos pensado en las consecuencias y todos tenemos conciencia de que podemos ir presos”, dijo a la Voz de América Daniela Rojo Varona, quien desde La Habana funge como moderadora de Archipiélago.
Rojo Varona afirmó que los que buscan un cambio en Cuba no tienen alternativas. «Ante el poder autoritario, no podemos simplemente callarnos. Somos ciudadanos cubanos que tenemos un derecho y nos ha sido negado, y no vamos a dejar de insistir en conquistar ese derecho”.
El proyecto «Archipiélago surgió pocas semanas después del 11 de julio, cuando estallaron protestas en más de 60 pueblos y ciudades a lo largo de toda la isla. La cara más visible de l plataforma es el dramaturgo y actor teatral, Yunior García Aguilera.
Gobierno cubano declaró inconstitucional la marcha
A pesar de que los activistas hicieron peticiones formales para efectuar una marcha cívica, las autoridades en varios territorios del país declararon inconstitucionales tales intentos y han citado a la Fiscalía a varios promotores. También han mostrado a las Brigadas de Respuesta Rápida (grupos de civiles al servicio del gobierno), que a menudo son llamados a detener cualquier protesta.
“La marcha que hemos convocado es totalmente cívica, totalmente pacífica. Si ellos insisten en reprimir, no estarían más que mostrando una vez más que son una dictadura y como tal debe ser tratada por la comunidad internacional”, aseguró Rojo Varona.
Rojo Varona, de 25 años y madre de dos niños pequeños, fue arrestada el 11 de julio y liberada 23 días después bajo cargos de «desorden público de carácter agravado». La fiscalía le pide de uno a tres años de cárcel.
Explicó que cuando fue detenida se sintió sorprendida «porque, en primer lugar, yo estaba [protestando] de manera totalmente pacífica».
«Hasta ese momento (…) tenía mis inconformidades y criticaba el sistema, pero el concepto de dictadura todavía no estaba bien implícito, y en ese momento fue que lo sentí, porque lo viví y lo entendí, porque lo encarné. O sea, así actúa la dictadura”, concluyó.
A Saily González Velázquez, activista por los derechos humanos y una de las coordinadoras de Archipiélago, la reacción de las autoridades no le ha tomado por sorpresa.
“La respuesta del gobierno ha sido ilegal, no ha respondido en modo alguno a nuestra notificación de manifestación entregada en los gobiernos provinciales y municipales, ellos no respondieron a eso”, explicó desde Santa Clara, en el centro de la isla.
Más allá de las “consideraciones personales” sobre los posibles manifestantes, González dijo que las autoridades “no respondieron a las exigencias, que eran básicamente garantías para que esa marcha se diera de la mejor manera posible”.
Gobierno dice que protesta busca cambio de sistema
La Habana negó el permiso y derecho a las protestas, argumentando sin dar detalles que los moderadores tienen supuestos «vínculos con algunas organizaciones subversivas» y una «intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba», según una carta expedida a los opositores.
También el gobierno cubano los ha vinculado con las autoridades de Estados Unidos. Los organizadores han rechazado esta acusación.
Desde el departamento de Estado, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, apoyó a nombre de Washington el derecho a la protesta.
