“Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el Covid-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos”, señaló José Miguel Vivanco, en un informe de Human Rights Watch.
Washington D.C. – El gobierno de Cuba está utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del Covid-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes, señaló en un informe Human Rights Watch.
La entidad precisa que el 26 de noviembre de 2020, fuerzas de seguridad cubanas detuvieron a 14 artistas y disidentes, muchos de ellos pertenecientes al Movimiento San Isidro, luego de acusar a uno de ellos de haber violado las normas contra el Covid-19 al no realizarse nuevamente una prueba.
Las detenciones ocurrieron tras numerosos casos en los cuales agentes de las fuerzas de seguridad y fiscales detuvieron a disidentes, acusándolos del delito de “propagación de epidemias”, y les aplicaron multas por presuntas violaciones de las restricciones vinculadas con el Covid-19. Con el pretexto de hacer cumplir las reglamentaciones sobre Covid-19, las autoridades han realizado detenciones arbitrarias, abriendo procesos penales abusivos y deteniendo a personas en celdas insalubres que favorecen la propagación del Covid-19.
“Las autoridades cubanas se han aprovechado de las normas contra el Covid-19 para ampliar la larga lista de herramientas represivas que utilizan en contra de sus críticos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esto forma parte de un patrón más amplio en el cual el gobierno utiliza de forma descarada cualquier excusa para reprimir el disenso sistemáticamente”.
Entre julio y noviembre de 2020, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 35 personas en Cuba, incluyendo a víctimas, sus familiares y sus abogados. Human Rights Watch también consultó informes periodísticos, sentencias judiciales, registros de multas impuestas a disidentes o personas que las autoridades parecen haber percibido como críticas, y corroboró videos publicados en redes sociales.
Human Rights Watch documentó abusos contra 34 víctimas, en cuyos casos las autoridades invocaron normas relativas a la pandemia para actuar en contra de críticos del gobierno y otras personas. De 20 personas detenidas, tres fueron procesadas de manera arbitraria, otras tres fueron multadas y 14 fueron amenazadas con ser procesadas por “propagación de epidemias”. Ocho personas que no fueron detenidas recibieron multas aparentemente arbitrarias, sobre la base de normas vinculadas con el Covid-19, y otras dos fueron amenazadas con la posibilidad de persecución penal.
Treinta de las víctimas fueron detenidas, acosadas, multadas o amenazadas con la posibilidad de ser procesadas penalmente por supuestamente violar normas relacionadas con el Covid-19; entre ellas, nueve fueron acusadas de no usar la mascarilla (que en Cuba se llama “nasobuco”) correctamente.
Otras dos personas fueron amenazadas con ser perseguidas penalmente por “propagación de epidemias” debido a que difundieron información sobre casos de Covid-19 en la isla. En otros dos casos, funcionarios invocaron normas relacionadas con la pandemia sin referirse a faltas específicas establecidas en la legislación cubana. Un disidente, por ejemplo, fue multado por no haber denunciado que un amigo suyo no estaba usando la mascarilla de la manera correcta.
A ninguno de los detenidos se le permitió hacer una llamada telefónica. Algunos sufrieron violentas golpizas, y varios enfrentaron procedimientos penales sin contar con un abogado que los representara.
La mayoría de las personas multadas en los casos documentados por Human Rights Watch —11 en total— negó haber transgredido las normas.
En algunos casos, los agentes de seguridad las amenazaron con procesarlas por “desacato” debido a que negaban haber infringido las normas contra el Covid-19. Algunos de los multados sostienen que nunca se les informó de qué se les acusaba.
El delito de “propagación de epidemias” está penado con multas y hasta nueve meses de prisión.
El Código Penal lo define ampliamente como “infringir” las medidas o disposiciones dictadas por las autoridades sanitarias competentes para la prevención y control de las enfermedades transmisibles, así como los programas o campañas para el control o erradicación de […] epidemias de carácter grave o peligrosas”.
