El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, explicó que la referida ley se ha convertido en el terror de los políticos corruptos latinoamericanos.
  • El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, FJT, el jurista Trajano Potentini, instó al Ministerio Público agilizar investigaciones y sometimientos.
  • La entidad lamenta que aún no se conozcan los resultados y la efectividad de los abogados designados por decreto del Poder Ejecutivo para perseguir la corrupción.
  • Cree resultados de caso ODEBRECHT constituyen un monumento a la impunidad y reclama un ODEBRECHT 2.0

Santo Domingo, República Dominicana – La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), deploró el cúmulo de escándalos y casos de corrupción denunciados y otros acreditados por la Cámara de Cuentas, sin que hasta el momento hayan producido alguna respuesta o seguimiento por parte del Ministerio Público u otros estamentos, ya sean judiciales o administrativos.

El presidente de la entidad cívica, Trajano Potentini, se refirió a las diversas denuncias recogidas por los medios de comunicación, sobre prácticas cuestionables a lo interno del gobierno y pasados actos de corrupción, de anteriores administraciones, que aun, cuando están sustentadas en auditorías e investigaciones especiales de la Cámara de Cuentas, se mantienen en un limbo y sin reacción de parte de las autoridades.

La Fundación Justicia y Transparencia, también llamó la atención del Ministerio Público para que los casos que tiene en carpeta, tales como coral, pulpo, medusa, hacienda y otros, vaya incorporando los demás encartados.

Potentini recordó la venta de terrenos del estado, vendidos por el Banco Central a un funcionario público, a precio vil, perjudicando las arcas públicas con más de 1,000 millones de pesos, el escándalo de la intermediación del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con miles de millones de pesos en comisión e incluso hasta como suplidores directos en muchos casos, fundamentalmente en el Ministerio de Educación, entre otras instituciones, donde el PNUD, también ha clavado sus garras, las tabletas del censo, los libros electrónicos o digitales licitados por el Ministerio de Educación.

Además, el desfalco en el programa de la tarjeta supérate, las irregularidades registradas en la licitación por más de 12 mil millones de pesos, del Instituto de Bienestar Estudiantil (INABIE), sobre la asignación y reparto de raciones alimenticias, del periodo 2021-2022, los programas educativos de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep), donde destinaron, aún sin explicación, unos 600 millones de pesos para alfabetizar 350 personas, estamos hablando de más de un millón setecientos mil pesos, por cada alfabetizado.

Asimismo, la auditoría de la Cámara de Cuentas, realizada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sobre el periodo 2014 al 2017, revelando irregularidades por miles de millones de pesos, sumado a los recientes hallazgos de la investigación especial, también de Cámara de Cuentas, evidenciando las graves irregularidades cometidas por el Gabinete de Política Social de la Presidencia, con la contratación de artistas para presuntos conciertos en pasadas festividades navideñas.

En ese orden Potentini urgió al Ministerio Publicó, que lamentablemente y parecería que por falta de recursos logísticos luce rezagado, a seguir ampliando las investigaciones, con más sometimientos, sobre todo en su ineludible obligación de llevar a juicio y sentar en el banquillo de los acusados a todos aquellos que estén comprometidos con el crimen del peculado.

La Fundación Justicia y Transparencia, también llamó la atención del Ministerio Público para que los casos que tiene en carpeta, tales como coral, pulpo, medusa, hacienda y otros, vaya incorporando los demás encartados, fundamentalmente las personas morales o compañías, que aún continúan contratando con el estado, bajo sus acostumbrados esquemas de corrupción.