Tribunal impone coerción a todos los imputados de la amplia red de lavado de activos del narcotráfico
Santo Domingo, República Dominicana.- “Vamos a investigar toda estructura del crimen organizado y vamos a llevar los procesos en condiciones de estar blindados producto de la profundidad de las investigaciones; vendrán otros casos muy posiblemente similares a Falcón que el Ministerio Público en la actualidad tiene en proceso de investigación”, destacó este viernes la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
La directora general de Persecución del Ministerio Público se pronunció en esos términos al responder preguntas de la prensa cuando salió de la sala de audiencia en la que la jueza Iris Borgen, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impuso medidas de coerción a 23 de los primeros arrestados por su vinculación a la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón.
Reynoso resaltó la gravedad de los delitos investigados en el caso en el que el Ministerio Público acreditó “pruebas más que suficientes” a los tribunales y demostró los riesgos procesales que obligan a la imposición de prisión contra los involucrados en la poderosa organización criminal, la cual definió como una de las más grandes en la región.
“Como había dicho, esta gestión que encabeza Miriam Germán Brito, la señora procuradora general de la República, en este proceso hemos aplicado precisamente sus criterios de hacer investigaciones blindadas”, resaltó.
“El crimen organizado, en este Ministerio Público, no va a tener un minuto de paz”, dijo. “Nos vamos a dedicar, siempre conforme al Estado de derecho, a investigar toda estructura del crimen organizado y vamos a encaminar procesos en condiciones de estar blindados”, añadió la procuradora adjunta.
Reynoso apuntó que se trata de una investigación compleja en la que los integrantes de los cuerpos de investigación del Ministerio Público invierten horas y horas, “con varios meses sin dormir”. “Es un proceso muy complejo”, dijo, para agregar que los equipos de fiscales que le acompañan en los tribunales son solo las caras visibles, pero que “muchas personas han amanecido colaborando”.
En ese contexto, resaltó el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de su comandante, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
Reynoso dijo que en el proceso de conocimiento de la medida hubo dos variaciones. En ese sentido, explicó que a seis le fue impuesto arresto domiciliario solicitados por el Ministerio Público. “A los restantes 15 se les impuso prisión preventiva, a uno le fue impuesto una garantía económica de 15 millones en efectivo y arresto domiciliario y a otro de 5 millones en efectivo, así como impedimento de salida del país para ambos”.
Detalló que la prisión preventiva deberá ser cumplida en distintos centros penitenciarios, incluyendo el de El Pinito y el de Vista al Valle. “El Ministerio Público había variado su pedimento por las informaciones que tiene en torno a la seguridad de algunos internos y por eso habíamos variado los pedimentos, a los fines de que internos de la misma estructura, que estaban amenazando a otros, no continúen en esa actividad, que el Ministerio Público tiene también en estos momentos bajo investigación”.
“La Operación Falcón sigue en proceso y no se detiene”, afirmó Reynoso, quien encabeza el equipo de investigación junto al fiscal titular de esta demarcación, Osvaldo Bonilla Hiraldo.
En el equipo de investigación y litigación participan el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), así como la procuradora de corte Luisa Liranzo, exfiscal de Santiago.
La jueza Borgen rechazó todos los pedimentos de la barra de la defensa de los imputados y acogió la solicitud de prisión preventiva por espacio de 18 meses y la declaratoria de caso complejo solicitada por el Ministerio Público.
Borgen acogió la petición que hizo el Ministerio Público durante la audiencia del pasado lunes, donde varió la petición de prisión preventiva por domiciliaria e impedimento de salida del país que había solicitado en contra de Juan Carlos Durán Rodríguez, Ana Margarita Collado Marte, Andrés Guzmán Collado, Amadeo Garibaldi Read Ruiz, Angélica María Maldonado y Antonio Tavares Rodríguez.
Otros imputados también recibieron medidas de coerción en este caso.
