Jean Alain Rodríguez dijo que la gravedad de las amenazas aumentan por haber sido hechas en medios de comunicación. (Foto: Fuente externa).

En una carta remitida al presidente Luis Abinader, el exprocurador general de la República alega que ha recibido amenazas de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, quienes son juzgados por el caso de corrupción de Odebrecht.

Santo Domingo, República Dominicana–El exprocurador general de la República Jean Alain expresó ayer lunes su preocupación al presidente Luis Abinader, por las “graves” amenazas que hiciera Ángel Rondón, principal implicado en el más grande escándalo de corrupción del país, que involucra a la multinacional brasileña Odebrecht.

De acuerdo con una misiva enviada al mandatario, el extitular de la PGR recordó que Rondón habría expresado que no lo ha asesinado porque no tiene instinto criminal, lo que ha despertado el temor entre él y sus familiares.

“En esa condición de jefe de Estado, pongo en su conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia. Ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes el ciudadano Ángel Rondón, imputado en el caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta, durante el programa Acento TV su deseo de asesinarme. Solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal”, deploró Rodríguez.

Jean Alain Rodríguez también acusó ante el mandatario al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, coimputado en el referido caso de corrupción, por las constantes amenazas de agresión física a su persona.

Dijo que ambos casos aumentan su gravedad, ya que las referidas amenazas se hicieron mediante los medios de comunicación, lo que genera cierto indicio de protección de alguna autoridad, ya que las acciones de esa naturaleza deben despertar investigación de orden público.

Rodríguez atribuye las amenazas de ambos imputados a la investigación que realizara durante estuvo al frente del Ministerio Público, por las evidencias de que estos recibieron sobornos de la multinacional para agenciarse obras del Estado.

Explicó que envió copia de la misiva al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, así como a la oficina del Comisionado de los Derechos Humanos.