El acuerdo de cooperación contempla también la realización de eventos y actividades de interés común tendentes a difundir el respeto a las normas constitucionales y a los derechos fundamentales.
Santo Domingo, República Dominicana–El Tribunal Constitucional (TC) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) suscribieron hoy un acuerdo de cooperación institucional que impulsará la realización de iniciativas que fomenten el estudio y difusión de la Constitución y sus valores entre los miembros de ambas instituciones y estudiantes del nivel superior.
El presidente del TC, doctor Milton Ray Guevara, y el ministro titular del MESCYT, doctor Franklin García Fermín, firmaron el convenio en una ceremonia celebrada en la sede de la alta corte, ante la presencia de magistrados y funcionarios de ambas instituciones.
El doctor Ray Guevara consideró la firma de este acuerdo una ocasión memorable y de singular importancia, pues da cumplimiento al artículo 35 de la ley orgánica del TC y de los procedimientos constitucionales, que establece la promoción de los estudios de derecho constitucional con el apoyo de universidades y otras entidades educativas.
Agradeció, igualmente, al ministro García Fermín su interés por la formación de los recursos humanos del TC. “Esta es una muestra más del esfuerzo que hacemos por mejorar los servicios de instituciones que, como el TC, le sirven al pueblo dominicano, así como lo hace el MESCYT”, dijo Ray Guevara.
De su parte, el ministro García Fermín dijo sentirse altamente honrado en este momento histórico que da inicio a proyectos que beneficiarán a ambas instituciones y al país. Destacó que el conocimiento y la práctica del ordenamiento jurídico de la nación, que es parte de los objetivos de este acuerdo, son determinantes para la transformación necesaria de los habitantes y ciudadanos.
Estuvieron presentes en esta actividad los magistrados José Alejandro Ayuso y José Alejandro Vargas Guerrero; José Cancel, viceministro administrativo y financiero del MESCYT; y Genaro Rodríguez, viceministro de Ciencias y Tecnología.
Asistieron también Julio José Rojas Báez, secretario del TC; Nelson Reyes, director de relaciones internacionales e interinstitucionales del TC; María Elena Vásquez, directora del Centro de Estudios Constitucionales del TC; y Francia Manolita Sosa, encargada de Investigación y Capacitación Constitucional del referido centro.
Mediante este acuerdo, las instituciones firmantes se comprometieron a unir esfuerzos para el desarrollo de proyectos de docencia, investigación y extensión, intercambio de formación y capacitación, así como la consecución de publicaciones de interés mutuo.
El acuerdo de cooperación contempla también la realización de eventos y actividades de interés común tendentes a difundir el respeto a las normas constitucionales y a los derechos fundamentales.
El MESCYT, por su parte, desarrollará un programa de becas para los colaboradores del TC, en los programas de másteres impartidos en universidades nacionales y extranjeras.
En este orden, el Tribunal Constitucional se comprometió a colaborar con cursos, diplomados, talleres y conferencias sobre los derechos fundamentales, las normas constitucionales y aspectos jurisdiccionales en materia contenciosa – administrativa para miembros del MESCYT, que, a su vez, promoverá el estudio de la Constitución a lo interno de su institución.
Además, el TC brindará al MESCYT asesoría educativa en las áreas de Derecho Constitucional y Jurisprudencial, y apoyará la creación de la asignatura de enseñanza de la Constitución y Derechos Fundamentales, que será propuesta a las instituciones de educación superior para que sea incluida en todas las carreras técnicas y de grado.
De igual forma, la alta corte se comprometió a mantener actualizado al departamento jurídico del MESCYT actualizado sobre las últimas decisiones jurisprudenciales pronunciadas por ese alto tribunal y compartir con el ministerio todos los compendios jurisprudenciales y obras literarias publicadas por el TC.
El acuerdo, vigente a partir del día de hoy, tendrá una duración de tres años, pudiendo ser renovado de común acuerdo.
